ThyssenKrupp y el comité llegan a un acuerdo para cerrar la planta vizcaína
La multinacional alemana del sector de la automoción ThyssenKrupp Bilstein y el comité de empresa de su planta de Alonsotegi llegaron ayer a un acuerdo en torno al plan social que regirá tras el próximo cierre de la misma. Los 120 trabajadores fijos tendrán tres opciones: entrar en una bolsa de recolocaciones, acogerse a una indemnización o pasar a la jubilación.
El comité explicó que los trabajadores tendrán un plazo de 15 días para decidir si optan por las recolocaciones o por la indemnización, con unas compensaciones proporcionales a su edad y antigüedad. Básicamente, se trata del mismo plan que el comité ya rechazó el pasado 22 de octubre, que preveía indemnizaciones de hasta 54 días por año trabajado y un bonus de 6.000 euros. La indemnización mínima ascendía a 15.000 euros. El acuerdo tendrá que ser ratificado la próxima semana en asamblea.
La reunión, que se prolongó durante más de seis horas, se produjo casi in extremis, cuando ya había terminado el plazo de consultas del Expediente de Rescisión de Empleo (ERE) y cuando el Gobierno tenía previsto resolverlo con caracter inmediato y, previsiblemente, dando luz verde a los despidos. La fecha límite era el próximo día 17.
Reducción de actividad
La multinacional sufre una importante reducción de su actividad en toda Europa, hasta el punto de que también tiene previsto cerrar instalaciones en Alemania.
La tensión entre la plantilla de la planta vizcaína y la empresa había llegado ya a unos límites muy altos. El pasado lunes, la dirección de ThyssenKrupp cerró la planta tras sufrir el domingo anterior dos incendios provocados. La compañía comunicó posteriormente a sus empleados que el cierre tenía como objetivo garantizar la seguridad de las personas.
La dirección de la empresa interpuso un total de cinco denuncias ante la Ertzaintza por amenazas y coacciones, además de otros actos "de violencia". Sus responsables indicaron que la policía vasca había tenido que actuar en ocho ocasiones en las últimas semanas.
El sindicato ELA, mayoritario en el comité, negó en todo momento que se haya puesto en peligro "la seguridad de las personas o de la planta" y respondió a las declaraciones de la empresa que no han existido "ni acosos ni ataques diversos, ni un incremento de la violencia".
