Un concertado tendrá que devolver cuotas a los padres

Las familias que llevan a sus hijos al colegio concertado Trinity College (San Sebastián de los Reyes) han pagado más de lo que debían al centro. Esa es la conclusión de la Consejería de Educación, que ha pedido al colegio que les devuelva parte del dinero (26 euros) que les cobra cada mes y la cuota de inscripción, que asciende a 200 euros en un solo pago. Ahora, tendrá que ser cada familia la que reclame el dinero.

La medida impuesta por Educación no aborda las subidas en todos los capítulos por los que pagan las familias, como los 24 euros mensuales que cuesta el material escolar u ocho euros de "salidas pedagógicas".

En esos casos, la Consejería pide al centro que informe claramente a los padres de que se trata de pagos voluntarios. La "tibieza" de esta solución no ha gustado ni a los padres del centro ni a la oposición, que considera que es una medida suave frente a la actuación de otras Administraciones, como la Junta de Andalucía, que ha impuesto multas millonarias por abusos en el pago de cuotas.El Trinity, que abrió el curso pasado, subió en septiembre casi todas las cantidades que cobra a los alumnos. Algunas, como las salidas al exterior o el material se dispararon por encima del 25%. Las instrucciones de la Comunidad de Madrid marcan un 2,34% de incremento como recomendación. En el caso de las actividades complementarias -como la ampliación de currículo del Trinity, que pasó de 150 a 176 euros-, la Comunidad debe aprobar incrementos por encima de ese porcentaje. En el caso del Trinity, no ha dado el visto bueno.

El centro cobra cuota de inscripción (200 euros), ampliación de currículo (176) y ampliación de horario (33). Reclama pagos sin avisar de que las cuotas son voluntarias o alegando directamente que se trata de pagos obligatorios. Los padres están obligados a comprar el uniforme completo en el colegio, lo que supone más de 300 euros e incluye hasta calcetines (cinco euros), traje de baño (hasta 25) o corbata (16).

Tres padres consultados aseguraron ayer que el centro no les había informado aún de la decisión de la Comunidad y el colegio declinó hacer declaraciones. Una de las madres que protestó por las subidas de precios reclama al Gobierno regional que marque un límite de cuotas para este tipo de centros y consideró que la sanción era insuficiente. Si el colegio no adopta las medidas que le pide la consejería (que no ha fijado un plazo para que lo haga), el proceso continúa. Educación abrirá una comisión de conciliación, un trámite que puede concluir con una multa o llegar a la revocación del concierto, es decir, el cierre o cambio de titular. Según un portavoz de la consejería, los centros que reciben apercibimientos suelen corregir sus actuaciones antes de que se abra esta comisión.

Oposición y sindicatos consideran que el Gobierno regional debería actuar de forma más contundente. "Educación no entra en el fondo de la cuestión y ni siquiera obliga a la devolución de cuotas, ya que son los padres los que deben pedirlo", critica Paco García (CC OO), que exige la retirada del concierto "porque se ha demostrado que incumplen las normas".

Para Fátima Peinado, diputada del PSM, la actuación es "tibia" y esconde "la defensa absoluta que este Gobierno hace de la concertada". Los últimos que han protestado por el respaldo del Gobierno de Esperanza Aguirre a los colegios concertados han sido los centros privados, que hablan ya de competencia desleal. "Educación actúa ante la galería, para calmar a los privados y acallar denuncias, pero no tiene una intención verdadera de solucionarlo", añade. Tanto PSM como IU han denunciado que el cobro de cuotas de forma obligatoria y los precios elevados son una práctica generalizada dentro de los centros concertados.

IU, que denunció a principio de curso el incremento de cuotas "abusivas", ha pedido a la consejería que haga inspecciones de oficio en lugar de esperar a denuncias de las familias para investigar. La consejera, Lucía Figar, señaló en una comparecencia reciente en la Asamblea de Madrid que hay ocho centros en los que están revisando las cuotas tras recibir quejas de los padres.

"La fórmula que sigue Educación es como ofrecer instrucciones a los concertados para que puedan seguir haciendo trampas", según Laly Vaquero, diputada de IU, que también pide "más firmeza" contra estas prácticas a la Comunidad de Madrid.