Un despacho con influencias
El Estudio Jurídico Labor, SL tiene una solvencia económica envidiable. Con un capital social de 3.006 euros y solo tres empleados, su patrimonio neto asciende a 1,7 millones de euros, con un activo de 1,8 millones y un pasivo de solo 133.260 euros, según los datos del Registro Mercantil de Madrid correspondientes a 2008, últimos disponibles. La facturación en dicho ejercicio ascendió a 521.000 euros, una suma importante, pero muy inferior a la alcanzada en 2007, cuando sus ingresos sumaron 1,2 millones de euros.
El estudio, que fue fundado en mayo de 2004, tras la derrota electoral del PP, dispone de un amplio local en el centro de Madrid. Sus dos administradores no figuran en la lista de colegiados del Colegio de Abogados de la capital.
La sociedad saltó a la luz pública en 2005, después de que la Inspección General de Servicios de la Administración Pública abriera expediente por presunta violación de la Ley de Incompatibilidades a raíz de que Interviú publicara que dicho despacho asesoraba a la empresa Prosegur, a la que Trillo adjudicó contratos por 7,1 millones de euros durante su etapa en Defensa. Prosegur decidió cancelar unilateralmente su acuerdo de asesoramiento con Labor.
La capacidad de influencia de Trillo no viene solo de esa etapa sino sobre todo de su fácil acceso a jueces y magistrados que le deben el puesto o podrían llegar a debérselo gracias a su papel como principal negociador del PP en la adjudicación de cargos en el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Supremo y el Constitucional. Pese a ello, el Congreso de los Diputados autorizó a Trillo a compatibilizar sus responsabilidades públicas con el ejercicio privado de la abogacía.
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