El fiscal cree que el Supremo causa indefensión a Garzón

La fiscalía del Tribunal Supremo ha apoyado la petición del juez Baltasar Garzón para que el alto tribunal decida si el juez instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, debe declarar como testigo antes de que continúe la instrucción de la causa por las escuchas a los cabecillas de la trama corrupta con sus abogados en prisión. El fiscal previene al Supremo de que, de no hacerlo así, puede estar generando indefensión al juez de la Audiencia Nacional.

El pasado 20 de octubre, la defensa de Garzón pidió al instructor del caso de las escuchas en el Supremo, Alberto Jorge Barreiro, que llamase a declarar a Pedreira para que este explicara por qué prorrogó las escuchas en prisión ordenadas por Garzón. El auto donde consta dicha prórroga está bajo secreto del sumario y el instructor Jorge Barreiro no ha podido cotejarlo. Pero ese mismo día, este último decretó la transformación de las diligencias en procedimiento abreviado -lo que significa, de hecho, la apertura de un segundo proceso contra el juez de la Audiencia- y la petición de Garzón quedó sin resolver.

El ministerio público pide al tribunal que decida si Pedreira debe declarar

En su escrito, el fiscal entiende que se debe resolver sobre la comparecencia de Pedreira como testigo antes de que pueda declararse firme el auto de transformación del procedimiento abreviado, porque de lo contrario se podría causar indefensión a Garzón. El fiscal considera "determinante" para el caso que siga bajo secreto una parte de las diligencias de Gürtel en el TSJM que el instructor del Supremo acordó unir a la causa contra el juez.

En definitiva, el Ministerio Público propone que el juez Jorge Barreiro se pronuncie antes sobre las diligencias pedidas por la defensa de Garzón el pasado día 20 -entre las que figuran, además del testimonio de Pedreira, el del abogado querellante, Ignacio Peláez, y la comparecencia del propio Garzón- y, mientras tanto, suspenda la tramitación del procedimiento.

Por otra parte, el cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, personado como acusación en la causa contra el juez de la Audiencia Nacional, ha pedido que Garzón sea condenado a 17 años de inhabilitación por haber vulnerado, supuestamente, sus derechos constitucionales al ordenar la intervención de sus comunicaciones con sus abogados en la cárcel.

Asimismo, el abogado Ignacio Peláez, que antes fue fiscal de la Audiencia Nacional y, por tanto, compañero de Garzón, pide para el juez una pena de 10 años de inhabilitación. Peláez, que presentó la primera querella contra Garzón anticipándose a los cabecillas de la Gürtel, representa al empresario José Luis Ulibarri, también imputado en el caso de corrupción.