Mas también cuestiona la Justicia

Convergència Democràtica ha decidido que en su carrera hacia la Generalitat no puede frenarle nadie. Ni si quiera la Justicia. De ahí que todo el partido se haya volcado en deslegitimar al Ministerio Fiscal por haber pedido al juez instructor del caso Palau que impute al secretario de finanzas del partido, Daniel Osàcar y a otros dirigentes nacionalistas y empresas vinculadas con la institución que dirigió Fèlix Millet. Ante tal alud de críticas, la Fiscalía no se ha quedado de brazos cruzados y ayer emitió un comunicado en el que negaba tajantemente que actue por "presiones políticas" de los socialistas como dice Convergència. La nota sirvió de bien poco y Artur Mas dio ayer otra vuelta de tuerca y aseguró que la Fiscalía "ha entrado en campaña".

En su inusual comunicado la Fiscalía Provincial de Barcelona negó categóricamente que "se haya actuado por indicación de nadie" y menos "con intencionalidad política". El Ministerio Público agregó que ha actuado "de forma objetiva e imparcial" en defensa de la "legalidad y el interés público" para esclarecer los hechos, en este caso, el pago de presuntas comisiones por obra pública a CDC a través de la entidad musical.Después de afirmar que la fiscalía quiere influir en la campaña electoral, Artur Mas aseguró que las nuevas revelaciones sobe el caso Palau no le van a perjudicar en las urnas. "A tres semanas de las elecciones, a la gente se le ve el plumero. Hagan lo que hagan, el cambio llegará porque el pueblo de Cataluña lo quiere. Solo pedimos que se abra el proceso y que podamos comparecer para explicarlo ante el juez", dijo.

Por la tarde el presidente de CiU llegó más lejos. En una conferencia en el Ateneu aseguró que la supuesta financiación irregular de CDC a través de fondos procedentes del Palau de la Música en época de Fèlix Millet, es una "burbuja mediática que cuando pasen las elecciones quedará en nada". También pidió confianza al auditorio de forma poco ortodoxa. "Cortadme el cuello", dijo, si la Generalitat es una administración corrupta bajo un Gobierno de CiU. Lo dijo después de afirmar que "muchas veces los partidos políticos hemos pisado la frontera de la legalidad por los costes de las campañas electorales".

Pero el cerco sobre Convergència sigue estrechándose. La Fiscalía de Barcelona solicitó al juez instructor del caso Palau que, además de imputar a dos dirigentes del partido, investigue en una pieza aparte toda la supuesta trama que permitía que CDC percibiera comisiones por la adjudicación de obra pública a través del Palau. Por ello, el ministerio público pidió que se impute al ex consejero-director general de Ferrovial, Pedro Buenaventura. Esta constructora, según el escrito de la fiscalía, podría haber disfrazado de patrocinio cultural al Palau supuestas comisiones por obras ajudicadas por los gobiernos de Jordi Pujol que abonaba a CDC a través de la entidad musical.

La petición de esta citación aparece en el mismo escrito en el que el fiscal requería que declaren como imputados el tesorero de CDC, Daniel Osàcar, y a su secretario de Inmigración y antiguo líder del extinto Partit per la Independència, Àngel Colom. Además, el fiscal instó al juez Juli Solaz a que reclame a la fundación Trias Fargas, rebautizada Catdem, y a Ferrovial los convenios que firmaron con el Palau. La constructora declinó ayer comentar la imputación de su ex directivo.

Para cerrar el círculo, el ministerio público incluye dentro de la lista de citaciones a los responsables de las empresas de marketing electoral Altraforma -vinculada al senador nacionalista Jordi Vilajoana-, New Letter, Letter Graphic e Hispart, así como al socio del grupo GPO Emilio Vidal.

Para la pieza principal, en las diligencias consta la solicitud de que se impute a Elisabet Barberà, secretaria personal durante más 35 años del ex presidente del Palau de la Música, Fèlix Millet, puesto que todos los indicios apuntan, según la fiscalía, a que conocía los manejos del ex presidente del Palau. De hecho, durante la investigación se hallaron numerosos documentos relevantes sobre el desvío de fondos en el disco duro de su ordenador.

Todos los partidos acusaron a Convergència de actuar igual que el PP con sus casos de corrupción. El líder del PSC, José Montilla, exigió a Mas que deje de cuestionar las instituciones. "Los partidos democráticos tenemos que respetar las instituciones y los procesos democráticos", aseguró Montilla. Dicho esto, exigió a Mas que dé su "palabra de honor" de que ni CDC ni su fundación se han financiado irregularmente. El líder de ERC, Joan Puigcercós y el de Iniciativa, Joan Herrera, compararon el silencio de CiU con el del PP cuando se ve envuelto en un caso de corrupción. La líder del PP de Cataluña, Alicia Sánchez Camacho, no se refirió a los problemas de su partido, pero sí a los de Convergència, al a que pidió "respuestas inmediatas".