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Medio millón de euros por 13 años en prisión por error

Rafael Ricardi será indemnizado por la pena cumplida por una violación hasta que una prueba de ADN lo exoneró

Una casa en condiciones. Bonita, con flores, quizás con un pequeño jardín. Lo que nunca ha tenido. También un viaje a Palma de Mallorca. Con su mujer, con su hijo. Rafael Ricardi no está acostumbrado a que sus sueños se hagan realidad y ahora será posible. El Consejo de Estado acaba de emitir informe favorable para que pueda cobrar la indemnización de 555.000 euros por haber pasado 13 años en la cárcel por un delito de violación que no cometió. "Esto no está pagado con todo el dinero del mundo", sentencia. Pero a continuación, atropelladamente, admite que el dinero le reconforta en parte. Le permitirá salir del minúsculo piso donde vive en el centro de El Puerto de Santa María (Cádiz) y comenzar lo que él llama "una vida mejor".

A Ricardi le condenaron unas pruebas que resultaron ser erróneas. Un parecido con el verdadero autor de la violación, un reconocimiento visual equivocado de la víctima y una sucesión de errores judiciales. La misma justicia que le hizo pasar 13 años en la cárcel tuvo que corregir el error después de que la Policía identificara unos restos de ADN almacenados de aquel caso con los de otro hombre que acababa de ser detenido. Esos presuntos verdaderos autores de esa violación por la que fue condenado Ricardi están ahora pendientes de juicio.

La salida de la cárcel dio a Ricardi relevancia pública. Llegó a aparecer en algún programa de televisión. Pero la efímera fama no le permitió ni obtener un empleo ni dejar de depender de la mínima paga de 400 euros que obtenía como desempleado recién salido de prisión. Ese ahogo económico fue el que le llevó a aceptar rebajar su petición inicial de diez millones de euros a los algo más de medio millón de euros que finalmente recibirá. "Estamos contentos por la predisposición del Gobierno pero está claro que es insuficiente. Lo único bueno es que esto va a llegar a buen puerto", explica su abogada, Antonia Alba.

Exigir más dinero le hubiese llevado a un proceso judicial que hubiese retrasado varios años más su causa. El Consejo de Estado ha dado el visto bueno a su indemnización y ahora debe ser el Ministerio de Economía el que autorice el pago.

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