El Superior ratifica el despido de Aitor Tellería del CEIA por mala gestión

Por segunda vez, los tribunales han ratificado el despido de Aitor Tellería, el ex dirigente del PNV de Álava, como director del Centro de Empresas e Innovación (CEIA), una sociedad pública controlada por el Gobierno, la Diputación y el Ayuntamiento de Álava que es un semillero de empresas jóvenes. Ahora ha sido el Tribunal Superior vasco, quien también considera que hubo mala gestión por parte de Tellería, imputado en los llamados casos De Miguel (los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de dinero) y Tellería, la presunta trama de espionaje a personalidades de Álava. Precisamente, el secreto de sumario sobre este segundo caso, que fue detectado en julio. ha sido prorrogado un mes.

Prorrogado un mes más el secreto del sumario sobre el espionaje en Vitoria

El Parlamento aprueba hoy que se cree la comisión del 'caso De Miguel'

La Sala de lo Social del Superior, en un fallo dictado el pasado 13 de octubre, confirma en su integridad la sentencia anterior, el 4 de junio, del juzgado de lo social número 4 de Álava. Constata que su rendimiento no era bueno y que se trató de una decisión sopesada con anterioridad, "desvinculada tanto de la adscripción política [de Tellería] como de su imputación penal". Aunque se difundió pocos días después de destaparse el caso De Miguel, se adoptó en febrero, una semana antes, y contó con la aprobación de todos los consejeros del CEIA, incluidos los del PNV. "Los miembros del Consejo de Administración de su propio partido no se opusieron tampoco a su despido", señala el Superior.

El tribunal concluye que fue un despido improcedente, como fue reconocido por el CEIA, que le indemnizó con 22.190 euros, pero no, como alegó Tellería, una destitución que vulneraba los derechos fundamentales del trabajador. "Su adscripción política no ha actuado como móvil del despido y su imputación penal, una semana antes, no se vislumbra como el detonante del mismo", afirma el fallo, que ya solo puede ser recurrido ante el Tribunal Supremo.

El CEIA expuso, en su carta de despido, que el ex burukide había hecho dejación de sus funciones desde la llegada del socialista Patxi López a Lehendakaritza, "sin que pueda encontrarse una justificación razonable". No se conocían irregularidades en la gestión de Tellería en el CEIA, pero sí era de dominio público su negativa a colaborar con la llegada de sus nuevos superiores.

El ahora imputado por corrupción y espionaje cobraba un sueldo bruto anual de 65.451 euros desde su incorporación en el puesto en julio de 2007, cuando el peneuvista Xabier Agirre fue nombrado diputado general.

Ahora, Tellería también ha conocido que la investigación que se sigue sobre la supuesta trama de espionaje en la que está imputado junto a los ertzainas Carlos Lau y Jesús Acha continuará un mes más bajo secreto de sumario, según decidió ayer en Juzgado de Instrucción Número 4 de Vitoria. Este caso fue detectado el pasado mes de julio durante un registro en el ordenador de Tellería, ordenado judicialmente en el marco de las investigaciones que se seguían por la presunta trama de cohecho y corrupción urbanística en el que también está implicado este ex dirigente del PNV alavés, junto a otros cargos y afiliados significativos.

Precisamente hoy el Parlamento vasco va a aprobar la creación de una comisión de investigación sobre la presunta trama de cohecho y de espionaje político en Álava, conocida como caso De Miguel. El impulso a esta comisión se recoge en una proposición no de ley firmada por todos los grupos, salvo PNV y Aralar, que saldrá adelante hoy en el pleno al contar con los apoyos necesarios.

El parlamentario socialista Oscar Rodríguez emplazó ayer al PNV a incorporarse al acuerdo mayoritario y a apoyar el texto original. En declaraciones a Efe, Rodríguez confía en que el PNV lo hará, después de que este partido respaldase el pasado lunes en las Juntas de Álava la creación, a propuesta del PP, de una comisión de investigación para aclarar la actuación de la Diputación en relación a un expediente sobre suelo industrial en Zambrana incluido en el sumario judicial del presunto caso de corrupción en este territorio.