La suspensión del reglamento del catalán reabre el debate lingüístico

¿En qué idioma se escribirá el acta del pleno de mañana en el Ayuntamiento de Barcelona? En catalán, como siempre, sostienen en el Consistorio. En esa institución y en el conjunto de los partidos políticos catalanes, el auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que suspende de forma cautelar siete artículos del reglamento municipal del uso del catalán -porque entienden que excluye el castellano- ha provocado todo un embrollo político y jurídico sobre el fondo del asunto y su alcance real. Es decir, sobre qué efectos tiene.

Este es el primer pronunciamiento judicial que se acoge a la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que anuló parte del Estatuto catalán. En concreto, los preceptos que hacían referencia al uso preferente del catalán dentro de las Administraciones.Para algunos, la suspensión no tiene efectos prácticos. Otros, en cambio, advierten que esa suspensión es de obligado cumplimiento. De los siete artículos, cuatro de ellos hacen referencia al idioma que utilizar en comunicaciones internas y los otros tres se circunscriben a la relación con el ciudadano.

El reglamento del uso del catalán en el Ayuntamiento de Barcelona se aprobó en febrero pasado con los votos a favor de todos los partidos menos el PP, que lo recurrió ante los tribunales. Se trataba de una histórica reivindicación de CiU y ERC a la que el PSC e ICV nunca dieron prioridad por dos motivos: porque el uso del catalán y el castellano no había representado conflicto y para evitar un asunto espinoso. Pero, finalmente, los cuatro llegaron a un acuerdo. Ese reglamento precisa en su articulado el uso del catalán y lo declara lengua preferente.

Antes de que existiera, el Consistorio se regía por la Ley de Normalización Lingüística, que es la que establece, por ejemplo, que el idioma de las comunicaciones y los procedimientos de las Administraciones en Cataluña sea el catalán, sin perjuicio "del derecho de los ciudadanos a presentar documentos, hacer manifestaciones y, si lo solicitan, a recibir notificaciones en castellano", según puntualiza el artículo 10.

Y a esa norma -que es de rango superior a la del reglamento municipal- se acoge el alcalde, Jordi Hereu, para dejar claro que el auto del Tribunal Superior no tendrá "ninguna trascendencia". Hereu está convencido, además, de que en la relación del ciudadano con el Consistorio no hay problemas, por lo menos lingüísticos. De hecho, los impresos bilingües son los que se entregan al ciudadano en las oficinas, antes y después del reglamento. En cualquier caso, el Ayuntamiento anunció ayer que recurrirá el auto del Tribunal Superior.

El presidente de la Generalitat, José Montilla, comentó ayer en una conversación informal con periodistas que el auto del Tribunal Superior no va a cambiar nada y que lo que hace es contribuir a "enrarecer" el clima. Más contundente se mostró el consejero de Innovación, Josep Huguet (ERC), que llamó a la "insumisión legal". Y en opinión del vicepresidente del Gobierno catalán, Josep Lluís Carod Rovira (ERC), el auto "es una ofensiva judicial que más que judicial es política". En las antípodas de esa tesis, el portavoz de Ciutadans, Jordi Cañas, aseguró estar muy satisfecho porque con el reglamento "el Ayuntamiento buscaba expulsar el castellano".

Entre los grupos municipales se dibujaron dos bandos. Los que están enfadados por el auto del Tribunal Superior -CiU, ERC, ICV-EUiA y el PSC- y, al otro lado, el Partido Popular, que está encantado. Los nacionaalistas, además, añaden que se trata de un auto de suspensión cautelar y que, entienden, hace falta el pronunciamiento sobre el fondo. Los populares, por el contrario, lanzaron ayer algo que sonaba a advertencia: los autos judiciales se deben acatar.