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Los editores planean llevar la crisis de L'Arc de Berà al juzgado

La empresa dice que los bancos no quieren locales como aval

La crisis por el cierre de la distribuidora de libros L'Arc de Berà (con casi dos millones de euros adeudados a cerca de un centenar de editores, entre ellos casi el 25% del tejido de publicaciones en catalán) se asoma al precipicio de su judicialización. Con cautela, pero sin dudas, la comisión de afectados sacó ayer en Barcelona el espantajo de que ha puesto en manos de un abogado su representación en las negociaciones con la empresa distribuidora y aseguró que no descartan ninguna solución, "ni la judicial", para cobrar la deuda pendiente.

El hecho de que L'Arc de Berà no consiga el aval bancario necesario para que la Generalitat le conceda el crédito puente (a cinco años e interés cero) para pagar a los editores ha disparado la alarma entre estos, que dudan ya de la voluntad del distribuidor de pagar esa deuda. "Es un espantajo que no deseamos, pero es real; no queremos entrar en pleito alguno porque a la cultura catalana no le convienen más escándalos ahora, pero los accionistas de L'Arc de Berà son gente con un patrimonio inmobiliario relevante y deben hacer un esfuerzo", expone un portavoz de los editores que prefiere el anonimato.

"La Generalitat sabe que a su propuesta le falta viabilidad", asegura el gerente

En esa línea, los afectados reclaman que L'Arc de Berà, además de un almacén en la Gran Via barcelonesa, ponga en juego el local de la antigua librería Ona (cerrada tras la crisis) y unas naves industriales en Montigalà y Lleida.

"Hemos hablado con diversas entidades bancarias y teníamos la esperanza de que con el apoyo del crédito de la Generalitat nos concedieran el aval, pero nos dicen que, tal como está el sistema inmobiliario, no nos lo conceden", admite Jaume Encesa, gerente de la distribuidora. El mismo gestor, que afirma: "La Generalitat ya sabe que estamos en esa situación y que su propuesta estaba falta de viabilidad desde el principio", se apresta a decir que la voluntad de arreglar el tema es "total". Y como muestra, expone: "El local de Gran Via es el más atractivo de todos los que tenemos y es una propiedad aportada por los socios, no está en los balances de la distribuidora", y añade que la mayoría del resto de las propiedades "tienen hipotecas y avales", una situación que los editores recuerdan que también sufre el espacio de Gran Via. "En ese caso es solo de 450.000 euros, que ahora ya deben estar en 420.000 porque hemos devuelto capital, y todo eso sobre un plazo máximo de cinco años para un espacio que está tasado en 2,9 millones de euros", expone Encesa.

En cualquier caso, recuerda que L'Arc de Berà ha ofrecido la constitución de una hipoteca unilateral sobre ese local a favor de los editores afectados, a un plazo de cinco años, que estos rechazaron ayer por considerar un periodo muy largo y sin todas las garantías por la carga previa. Sin embargo, Encesa asegura que "un 10% de los editores afectados ya lo han aceptado" y recomienda que desde esa posición sean ellos los que pidan el aval a la Generalitat.

"Solo estamos pidiendo tiempo para vender el local, nada más", opina Encesa; "la judicialización del tema no beneficiará a nadie, pero nuestra tranquilidad es total: quien vea las gestiones y pasos que hemos estado llevando a cabo en los últimos cinco años para intentar evitar este final verá cómo hemos actuado, nos gustaría que también se valorara ese trabajo".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 27 de octubre de 2010