La protesta de las refinerías francesas se enfría

Los trabajadores de tres refinerías francesas -de las 12 del país- han decidido volver al trabajo. Así lo acordaron ayer tras celebrar sus respectivas asambleas. De esta manera, hoy será el primer día, desde el 12 de octubre pasado, en que no se encuentran paralizadas todas las refinerías del país. La medida no repercutirá automáticamente en la escasez de gasolina que aún vive el país (las refinerías tardan varios días en comenzar a procesar petróleo y aún una de cada tres estaciones de servicio presentaba ayer problemas de abastecimiento), pero sí puede ser interpretada como un síntoma de que la temperatura de la protesta por la reforma de las pensiones comienza a enfriarse. Ayer, además, el Gobierno aseguró que no había ya ningún depósito de combustible bloqueado por los sindicalistas. Otro signo de que empieza a cundir el desánimo entre los huelguistas son las palabras de Charles Foulard, representante del sindicato CGT en la emblemática refinería de Grandpuits, cerca de París, que ayer aseguró: "No podemos luchar solos".

Paralelamente, la ministra de Economía, Christine Lagarde, ha hecho pública la factura de la huelga. A su juicio, cada jornada de protesta cuesta a Francia entre 200 y 400 millones de euros. Desde que se inició el conflicto ya se han producido ocho (sin contar con las huelgas renovables cada día en determinados factores). Así, Lagarde asegura que el coste, por ahora, va de los 1.600 a los 3.200 millones, entre horas de trabajo que no se han cumplido y pérdidas en otros sectores. Pero hay algo que ni siquiera los especialistas del Ministerio de Economía pueden medir: "Ha habido un daño a la imagen de Francia que es imposible de calcular", especificó Lagarde. Entre los sectores más afectados por la cadena de huelgas se cuenta el de la industria química, que con el puerto de Marsella cerrado desde hace 30 días pierde al día 33 millones. También se cuenta Air France, que asegura que cada día de huelga ha perdido cinco millones de euros por los vuelos anulados. Según sus cálculos, la protesta le ha costado ya 188 millones, más que por la erupción del volcán islandés Eyjafjalla, en mayo.

Mientras, el proyecto de ley que retrasará las pensiones sigue su camino legal: ayer fue examinado por una comisión paritaria compuesta por diputados y senadores que aquilató el texto definitivo tras las reformas incorporadas por el Senado a fin de que sea aprobado, mañana, solemnemente, por la Asamblea Nacional.