Elecciones catalanas y deriva confederal

Las próximas elecciones catalanas representan una encrucijada histórica, pues de su resultado depende el futuro no solo político sino institucional tanto de Cataluña como de nuestro país. Pese a lo cual se espera una abultada abstención, como si estos comicios fueran irrelevantes. ¿Qué nos jugamos el 28-N? En el ámbito catalán, a escala política se decide la alternancia hacia un nuevo ciclo electoral, tras dos legislaturas de mandato socialista. Pero ¿la alternancia hacia dónde? Lo que se juega es la sustitución del caduco Tripartit por otro nuevo Govern, no sabemos si monocolor de CiU, sociovergente, bisoberanista (CiU+ERC) o de coalición entre CiU y PP. Mientras que a escala institucional se decide la respuesta a la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el nuevo Estatut. Pues según sea la correlación de fuerzas que salga de las urnas, esa sentencia será asumida con pragmatismo o por el contrario rechazada, en abierta ruptura con ella a fin de proponer un nuevo rediseño del encaje español de Cataluña: ¿concierto económico, referéndum de autodeterminación, independencia unilateral?

Eso por lo que respecta al futuro de Cataluña. Pero lo que está en juego en esas elecciones es también el futuro político e institucional de España, que dependerá igualmente de lo que voten o dejen de votar los catalanes el 28-N. En términos políticos, esos comicios van a definir no solo el final de esta legislatura, sino también el inicio de la próxima, dando por probable que esta segunda sea la última de Zapatero. Dicho de otro modo, los electores catalanes van a ser quienes cierren este ciclo político y abran el próximo, contribuyendo así a determinar el signo de la futura mayoría política en el Parlamento español. Pues también aquí las alternativas futuras dependerán de cuál sea la correlación de fuerzas que arrojen las urnas el 28-N, según que hagan factible en el Congreso una futura entente de la minoría catalana con el PP o con el PSOE.

Pero lo más decisivo y trascendente de cuanto nos jugamos el 28-N es el futuro institucional del sistema autonómico español, que también pende de un hilo según cuáles sean los resultados de los próximos comicios catalanes. Como he apuntado antes, sus diversas candidaturas pueden agruparse a este respecto en tres posturas, expuestas por orden creciente de expectativas electorales: el independentismo de ERC, que pretende sacar a Cataluña del sistema español; el federalismo del PSC, que intenta dejar las cosas tal como están ahora; y el confederalismo de CiU, que plantea superar el actual régimen general en que se inscribe el Estatut catalán para transformarlo de acuerdo al modelo foral de concierto económico privativo de vascos y navarros. Y como lo más probable es que CiU gane los comicios, es de temer que su victoria implique una nueva vuelta de tuerca en la deriva confederal.

En efecto, como he planteado en otro lugar (Claves, número 172, mayo 2007), el proceso de desarrollo autonómico que viene recorriendo España desde 1978 puede caracterizarse como una lenta deriva desde el inicial federalismo que subyace al modelo hacia el confederalismo que tanto parece atraer hoy al nacionalismo catalán. Esto resulta posible porque en nuestra Constitución coexisten de forma ambivalente los dos modelos, tanto el federal como el confederal. Es confederal para las dos autonomías que mantienen sus derechos forales premodernos, fundados en el concierto económico bilateral: Navarra y Euskadi. Y es federal para todas las demás autonomías de régimen general, que deben compartir sus sistemas tributarios en un modelo multilateral de caja común. Lo cual permite que las diputaciones forales vasconavarras puedan hacer rancho aparte en materia de impuestos, obteniendo así gran independencia fiscal, mientras que todas las demás autonomías, en cambio, incluida la catalana, deben compartir solidariamente el café para todos.

Y la pregunta que se hacen muchos catalanes es ¿por qué vascos y navarros son independientes tributariamente, pero nosotros no? Si ellos tienen constitucionalmente reconocida su soberanía foral, ¿por qué no podemos reclamar lo mismo nosotros? ¿Por qué tenemos que compartir el rancho común del café para todos, si la Constitución nos reconoce derechos históricos como nacionalidad diferencial? Y esta pregunta sin fácil respuesta es la que enlaza con la deriva confederal que da título a mi texto. Con el término "deriva" me refiero a esa larga secuencia histórica de sucesivas reclamaciones de nuevos derechos de autogobierno (transferencias de competencias y tributos) que se ve coronada por el éxito cada vez que la debilidad parlamentaria del Gobierno central precisa del apoyo de la minoría catalana en el Congreso. Así fue como la Generalitat creció en soberanía fiscal en tres fechas cruciales: 1993, cuando el presidente González cedió un 15% del IRPF; 1996, cuando el presidente Aznar incrementó esa cesión hasta un tercio del total; y 2006, cuando el presidente Zapatero volvió a incrementarla hasta la mitad de los ingresos fiscales. Ahora bien, en cuanto los catalanes obtienen alguna cesión tributaria, inmediatamente las demás autonomías reclaman igualarse en capacidad de autogobierno, dando así lugar a ciclos sucesivos de crecientes transferencias estatutarias. Por lo tanto, si esta deriva prosiguiese hasta el límite, terminaría por transferirse el 100% de la fiscalidad, transformando el sistema entero en confederal.

El motor de esta deriva es un par de fuerzas acopladas, que cabe definir como principio de distinción y principio de emulación. El principio de distinción mueve a reclamar derechos diferenciales que no tengan los demás, y a él se acogen las nacionalidades con pasado histórico foral: Euskadi, Navarra y tras ellas Cataluña. Son aquellas comunidades que protagonizaron las guerras carlistas, y que también se caracterizan, como demostró Jordi Canal a partir del modelo propuesto por Emmanuel Todd, por poseer un derecho sucesorio derivado de la familia troncal, donde la herencia se reparte desigualmente en beneficio del primogénito (el hereu o la pubilla). En cambio, el principio de emulación mueve a reclamar los mismos derechos que obtengan los demás en igualdad de condiciones, y a él se acogen todas las autonomías de régimen general, cuyo derecho sucesorio se inspira en el reparto igualitario de la herencia entre todos los hermanos: es el universalista café para todos que tanto irrita al diferencialismo catalán. Y este par de fuerzas distinción-emulación es el que impulsa la deriva confederal, pues en cuanto la nacionalidad catalana obtiene nuevas cotas de autogobierno como signo de distinción, inmediatamente las demás autonomías la emularán, negándose a ser menos que aquella. Así, por ejemplo, si se distinguiese a Cataluña con el Concierto Económico, como pretende CiU, pronto tratarían de emularla otras comunidades autónomas, como las Baleares.

Pero en esta deriva hacia un insostenible horizonte confederal, la sentencia del TC sobre el nuevo Estatut ha venido a suponer un punto de inflexión. Al margen de sus discutidas soluciones técnicas, lo cierto es que su negativa a avalar el establecimiento unilateral del Poder Judicial catalán ha supuesto un veto en toda regla a esa emergente voluntad confederal. Algo que no ha gustado nada a los nacionalistas, que ahora insisten de nuevo en su desafío doblando su apuesta ante los comicios del 28-N. Y para ello su programa pretende escalar nuevas cotas de soberanía fiscal, reclamando su propio concierto foral en abierta rebeldía contra la sentencia del TC que había frenado en seco esa deriva confederal. Sin embargo, los comicios van a celebrarse justo cuando el propio Tribunal ha visto por fin superado el bloqueo que paralizaba su renovación. Y dada la trayectoria de los nuevos magistrados que van a integrarlo, cabe esperar que a partir de ahora se redoblen sus esfuerzos para limitar definitivamente la deriva confederal. En tal situación, la jornada del 28-N promete ser dramática, si al día siguiente sus vencedores deciden desafiar de nuevo al Constitucional con sus reivindicaciones confederales. Todo ello con permiso de los catalanes abstencionistas.

Enrique Gil Calvo es profesor titular de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid.