El Poder Judicial no ampara al juez que investiga a Connery

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha rechazado la petición de amparo solicitada por el magistrado marbellí Ricardo Puyol, que denunció presiones de Sean Connery tras su imputación en el llamado caso Goldfinger, una supuesta trama de delitos urbanísticos y blanqueo de capitales relacionada con la antigua residencia del actor escocés en Marbella (Málaga). El magistrado, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de la ciudad, ha citado a declarar a Connery y a su esposa, Micheline, el próximo viernes.

El juez Puyol se quejó la semana pasada ante el CGPJ de que el embajador británico en Madrid, Giles Paxman, le había enviado una carta que consideraba intimidatoria. En ella, el diplomático le informaba de que Connery "se reservaba el derecho de poner una demanda" contra las personas responsables de haber hecho público que existe un procedimiento penal en el que estaba siendo investigado. Puyol buscó el amparo del CGPJ al entender que este recado de Connery a través del embajador Paxman puede ser "un atentado a la independencia de un órgano judicial español".

El intérprete y su esposa están citados a declarar el próximo viernes

La comisión permanente del CGPJ estudió la queja del magistrado Puyol el pasado día 5. Los cinco vocales de este organismo acordaron por unanimidad darse por enterados del asunto, aunque rechazaron ir más lejos, ya que, según ellos, la situación denunciada por el magistrado no afecta a su independencia judicial. No obstante, le recordaron al juez que, si lo cree necesario, puede responder a la carta del embajador británico dentro de los trámites del procedimiento penal.

Además de Sean Connery y su esposa, en el caso Goldfinger están siendo investigadas una veintena de personas, entre ellas el ex alcalde marbellí Julián Muñoz y el ex asesor urbanístico Juan Antonio Roca, supuesto cerebro del caso Malaya de corrupción. Las pesquisas judiciales, abiertas en 2007, se centran en la recalificación fraudulenta de la finca Malibú, una parcela en primera línea de playa donde Connery tenía su residencia marbellí.

El Plan General de Ordenación Urbana de Marbella permitía levantar en esa finca cinco viviendas unifamiliares. Sin embargo, en los terrenos se ha construido el complejo residencial Malibú, de 70 apartamentos. Esta operación urbanística, en la que supuestamente participaron sociedades del matrimonio Connery constituidas en el despacho de abogados Díez Bastién y Truan, causó un perjuicio de 2,7 millones de euros a las arcas públicas.

En su carta, fechada el 20 de septiembre, el embajador Paxman advertía al magistrado Puyol de que Connery había manifestado que "la mera revelación pública" de la existencia del caso Goldfinger "no solo afecta a su imagen pública, sino también le causa un perjuicio financiero notable, evidente y cuantificable". A través del diplomático, el actor solicitaba al juez Puyol que le enviara a su residencia de Nassau (Bahamas) una copia completa del expediente, así como una indicación de los cargos y las supuestas pruebas que existen contra el intérprete y su esposa. En la cédula de citación para el próximo viernes 15, el juez Puyol afirma que ha enviado esta información al matrimonio Connery tanto por vía postal internacional como a través de la embajada británica.