La trama de Ciutat Vella consiguió licencias ilegales para 34 edificios

Apartamentos turísticos sin licencia, órdenes de cese de actividad incumplidas, pisos segregados sin permiso, certificados falsificados y establecimientos abiertos al público que deberían estar cerrados por deficiencias técnicas. Esas son algunas de las irregularidades que afectan a 34 edificios del distrito de Ciutat Vella que obtuvieron el beneplácito de la Administración para funcionar a cambio del supuesto pago de cantidades de dinero que alcanzaron hasta los 70.000 euros por operación.

El Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona investiga esa presunta trama de corrupción y hace unos meses reclamó del Ayuntamiento que le informase de los establecimientos beneficiarios de licencias bajo sospecha y de las personas responsables de las mismas. El informe señala como responsable de muchas de esas licencias ilegales a la jefa de la Asesoría Jurídica de los Servicios Técnicos del distrito de Ciutat Vella. Se trata de Elena Ariza, imputada en esta causa, al igual que el funcionario del Ayuntamiento de Barcelona Heliodoro Lozano y el ingeniero Joaquim Quílez.

En algunas conversaciones telefónicas que aparecen en el sumario se alude a dos cargos municipales y a un ex concejal de Unió en el distrito de Ciutat Vella, pero hasta ahora no han declarado ni ante la policía ni en el juzgado. La Fiscalía, además, no tiene intención de citarlos a declarar, por el momento, ni siquiera como testigos.

Un ejemplo de ilegalidad. El edificio del número 12 de la calle de Gombau tramitó 14 expedientes. Se trata de viviendas de uso turístico que funcionaban sin licencia. El Ayuntamiento ordenó el cese de la actividad y así lo certificó Ariza, pero no está documentado que se produjera.Otro ejemplo recogido en el informe. La propiedad del número 9 de la calle Comtal pidió licencia de cambio de uso para siete viviendas turísticas. Al final se concedió permiso para una sola, tras la propuesta de la abogada, que ni siquiera fue inscrita en el registro de empresas y actividades turísticas de Cataluña. En realidad, se realizó una segregación en siete pisos nuevos que el informe califica de "imposible" porque incumple la normativa. Lo mismo ocurrió en el número 13 de la calle de Canuda. Se pidió licencia para el cambio de uso de una vivienda turística y así se concedió, pero acabaron saliendo 10 pisos independientes.

Otro ejemplo ilustrativo: el dueño del hotel situado en el número 20 de la calle de Unió pidió licencia para su reforma integral, división y derribo de una planta. La licencia concedida no ampara las obras que se hicieron ni el distrito hizo nada para "restituir la legalidad urbanística alterada".

En una de las conversaciones que constan en el sumario, los papeles se invierten. Y es el consejero de distrito de Ciutat Vella, de Unió, Víctor Badia, el que hace un comentario en tono amenazador al ingeniero Quílez con relación a la construcción de un hotel. Le advierte que puede buscarle problemas en el distrito para obtener la licencia si no se aviene a lo que le plantea. Badia no está inculpado. El presidente del grupo de CiU en el Ayuntamiento, Xavier Trias, conoció esa conversación en julio porque se la explicó la edil Assumpta Escarp. Pese a que Badia le comunicó a Trias que dimitía como consejero, ayer, su nombre seguía en el pleno de Ciutat Vella. Su relevo, formalmente, no se ha realizado, señalaron fuentes de CiU.

Esa conversación, así como la referencia a otros funcionarios municipales en otras intervenciones telefónicas fue motivo de bronca en el pleno del distrito. En algunas llamadas mantenidas por Quílez y Lozano con terceras personas, aparecen los nombres del actual concejal de Comercio del PSC, Roger Pallarols -hasta mayo pasado consejero de distrito y nombrado edil tras el cese de Carles Martí- de Paco Salvador -consejero de Ciutat Vella- y Albert Dalmau, gerente del área de Seguridad. Mientras la portavoz del gobierno municipal y concejal de Ciutat Vella, Assumpta Escarp, defendía la honorabilidad de aquellos y recalcaba que ninguno de esos funcionarios estaba inculpado, los partidos de la oposición se cebaban en la enésima crisis del gobierno de Jordi Hereu.

Por ejemplo, Esquerra Republicana defendió en el pleno del distrito que los consejeros nombrados en el sumario deberían ser relevados de sus funciones si hay "dudas razonables sobre su honorabilidad" -aunque no estén inculpados - "y en aras de la credibilidad política ante la ciudadanía". Trias también pidió a Hereu que tome decisiones y actúe. Y el PP exigió información. Eso sí, cada uno, por su lado. Tanto que en el pleno no fueron capaces de consensuar una posición.

Lo hicieron ante una sala repleta de vecinos que presenciaban cómo sus más directos representantes hacían todo tipo de fintas para marcar su territorio en un caso que está extendiendo la sombra de la sospecha sobre el funcionariado de Ciutat Vella. Las caras de hastío ante el argumentario político eran evidentes y una mujer abandonó la sala al grito de "sinvergüenzas, chorizos. Lo que se ha sabido es por Itziar González [la ex edil amenazada por la trama]".