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LA TRANSFERENCIA DE LAS POLÍTICAS DE EMPLEO

El riesgo de déficit en las bonificaciones obliga al Gobierno a eludir el debate

Mendia dice ignorar si el saldo final resultará positivo o negativo para Euskadi

El Gobierno sigue guardando silencio sobre la transferencia de las políticas activas de empleo, salvo para felicitarse por el acuerdo que le permitirá gestionarlas desde el próximo 1 de enero. Ni el riesgo de un posible saldo negativo para la comunidad autónoma por las bonificaciones a los contratos empresariales, añadidas por el PNV, le saca de ese mutismo, que parece ya parte de su papel en esta negociación. Refugiado en él, el Ejecutivo evita dos cosas: por un lado, enfadar al PNV antes de que esté cumplido el objetivo final de toda esta negociación, es decir, que los seis diputados peneuvistas en el Congreso den su voto favorable a los Presupuestos Generales del Estado, salvando así al presidente Zapatero; por otro, se ahorra callando el choque con su socio preferente, el PP, la formación que más está agitando el temor de que Euskadi salga perdiendo dinero en esa parte del traspaso.

El PP tratará hoy en el Congreso de obtener una cifra concreta

La negociación que tenía casi ultimada el Gobierno de Patxi López fijaba el coste de la transferencia en 327 millones de euros. Con las bonificaciones, el PNV la elevó hasta 472, es decir, que estas podrían cifrarse en 145 millones. El PP señala el riesgo de que Euskadi tengan que ingresar más de ese dinero en la caja de la Seguridad Social al terminar el año próximo.

Fuentes de CCOO dudan, en cambio, de que nunca se haya alcanzado esa cifra en reducciones de cuotas a la Seguridad Social. El acuerdo del PNV con Zapatero, en la parte que se conoce, le resulta "ambiguo" y con "muchas incertidumbres" a la secretaria de Empleo de esta central, Loli García, que ve incluso elementos "contradictorios" entre los capítulos que hablan de las funciones y la parte económica. El gran problema, tanto a su juicio, como del diputado del PP José Eugenio Azpiroz, es la falta de cifras exactas sobre lo recibido por las empresas vascas en forma de reducciones de sus pagos a la Seguridad Social a lo largo de ejercicios tanto de bonanza económica como de crisis, ya que de la cantidad de contratos realizados depende todo.

Azpiroz tratará hoy de obtener esa cifra del Secretario de Estado para la Seguridad Social, Octavio Granados, durante la sesión de control del Congreso. Pero, por ahora, su partido se guía principalmente por impresiones, según indicó a EL PAÍS.

Un desconocimiento similar admitió el peneuvista Ricardo Gatzagaetxebarria, aunque para él resulta irrelevante. Cuenta el principio, el sistema de Concierto Económico y del Cupo, y acepta el riesgo inherente: perder o ganar, o alternativamente una y otra cosa, dependiendo de momentos o ciclos.

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Ese mismo concepto del "riesgo" del sistema de Concierto manejó ayer la portavoz del Gobierno, Idoia Mendia, como hizo ya el lehendakari. Mendia aseguró desconocer los datos, incluidos los de los ejercicios precedentes inmediatos, que pudieran servir de referencia, y evitó opinar sobre el emplazamiento del PP a renegociar el traspaso sin las bonificaciones si a Euskadi le cuestan dinero. "El PP sabrá. No voy a valorar esa cuestión; nadie la conoce exactamente", se excusó.

Interior y Emakunde

El Gobierno aprobó ayer el marco de relación en que se moverán Emakunde y la nueva Dirección de Atención a las Víctimas de Violencia de Género, creada en agosto de 2009 dentro del Departamento de Interior. Las dos instituciones se derivarán mutuamente las actuaciones de las que tengan conocimiento y que sean competencia de la otra y se intercambiarán informaciones relacionadas con sus actuaciones, campañas de sensibilización, memorias anuales, estadísticas o datos presupuestarios.

El convenio intenta delimitar campos de intervención y evitar colisiones o solapamiento de funciones, pero también la marginación de Emakunde de esta cuestión.

Así, la Dirección de Atención a las Víctimas de la Violencia de Género invitará a Emakunde a participar en toda comisión o grupo de trabajo que, bien sea en el Gobierno o con carácter interinstitucional, se constituyan para trabajar sobre la violencia contra las mujeres. Ambas partes compartirán campañas de sensibilización y trabajos de investigación sobre las formas de violencia contra las mujeres, la eficacia e idoneidad de las medidas para su erradicación y la reparación de sus efectos.

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