Una Europa más veloz

La rapidez con que los dirigentes comunitarios y los ministros nacionales de la UE están diseñando el nuevo Pacto de Estabilidad del euro, para endurecerlo con nuevas y más severas sanciones, es una buena noticia. Esta pieza es solamente una más de las que, sobre todo durante este año, la UE está colocando para establecer una arquitectura suficiente de la unión económica.

El Pacto en ciernes viene a sumarse a otros mecanismos de nuevo cuño y de gran alcance. A saber, el fondo de rescate de países con problemas de deuda soberana, por un importe de hasta 750.000 millones, decidido el pasado mayo. La eficacia disuasoria de este instrumento frente a los especuladores (acompañado de otros, como las pruebas de resistencia a la banca conocidas en junio) ha sido ya validada en los mercados, sin necesidad de ser utilizado. Y a ello se le añade el plan estratégico económico de la Agenda 2020, potencialmente más eficaz que su precedente, la Agenda de Lisboa.

Pero no solo las finanzas públicas están siendo sometidas a una nueva gobernanza; también las privadas, que estuvieron en el origen de la crisis, tendrán que aceptar regulaciones con criterios de prudencia que eviten las prácticas que han acabado conduciendo a la ruina a varios bancos, y también al exceso de endeudamiento de unos cuantos Gobiernos.

La nueva supervisión financiera (en banca, seguros y valores) recientemente aprobada y que entrará en vigor el próximo 1 de enero, constituye el resorte fundamental de toda esta labor reguladora. Debe ir acompañada de nuevas normas sobre productos derivados, ventas al descubierto, fondos de alto riesgo, agencias de calificación o remuneraciones a los directivos del sector financiero.

Más dudas ofrece sin embargo el sesgo de su contenido. De momento, la resistencia francesa (ante el silencio español) ha evitado las peores exageraciones de la propuesta alemana, como la creación de la sanción de retirada del voto, algo que solo puede contemplarse coherentemente en caso de atentado a la democracia por algún Gobierno de la UE. Pero quedan más problemas. Como el que no se pretendan reformar los criterios de exención de las multas establecidos en 2005, que favorecen a los incumplidores de entonces, Francia y Alemania. O que no se complete la necesaria austeridad presupuestaria con una política común de estímulos selectivos al crecimiento.