La firma gestora de Heldu era una pantalla, según sus trabajadores

Los trabajadores de la empresa Estudios y Proyectos Jurídicos SL, que ha gestionado el servicio Heldu de asistencia jurídica a inmigrantes hasta julio pasado, aseguraron ayer que la entidad es una simple "empresa pantalla". Coincidieron así con la consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, quien aseguró en una comparecencia en la comisión correspondiente del Parlamento que los propios juristas de Heldu califican la empresa de "fantasma y pantalla" para explicar por qué se negó a prorrogarle el contrato para cubrir ese servicio. Al margen de la legalidad o no del contrato, ningún grupo a excepción del PSE se mostró entusiasta ante la opción tomada por la consejería (integrar a los inmigrantes en los servicios sociales habituales).

Lanbide atenderá a los inmigrantes irregulares para que logren empleo

La consejera aseguró que los propios trabajadores reconocen, en una demanda laboral que han presentado, que se trata de una "empresa pantalla", sin más actividad que la de gestionar Heldu, un extremo que rebasa la legislación sobre contratos con la Administración pública. Zabaleta repitió en varias ocasiones que la intención de los trabajadores es "entrar por la puerta de atrás y ser funcionarios", extremo que uno de los 12 abogados de Heldu, Oscar Vellisca, rechazó de pleno tras la comisión. Vellisca explicó en los pasillos del Parlamento que consideran el contrato una cesión ilegal del servicio y se apartan de los administradores de la empresa que los contrató.

Zabaleta sostuvo que la firma de la adjudicación a la empresa que ha gestionado Heldu se produjo el 7 de mayo de 2009, tan sólo un día antes de la toma de posesión del Gobierno socialista y recordó que Heldu no está previsto en la Ley de Servicios Sociales de 2008. Dio a entender que la empresa se creó porque se impulsó desde la Administración a hacerlo. "¿Quién era la mano que mecía la cuna?", preguntó en referencia al anterior responsable de Asuntos Sociales, Javier Madrazo, de EB.

La consejera centró sus intervenciones en garantizar la legalidad de los contratos, pero también en la necesidad de racionalizar los recursos y, sobre todo, de cambiar el paradigma de la atención a los inmigrantes. Hasta ahora, los servicios sociales derivaban a Heldu a los inmigrantes que necesitaban legalizar su situación. El cambio implica ahora integrar a los extranjeros en los mismos cauces "normalizados" por los que se atiende a los ciudadanos autóctonos.

El viceconsejero de Asuntos Sociales, Fernando Fantova, aseguró que "la red normalizada tiende a desentenderse" de los inmigrantes si existe un servicio como Heldu. Fantova explicó que también se ha evitado renovar otros contratos, como el del servicio Berdindu para transexuales.

Desde que se cerró Heldu, el departamento ha recibido más de 1.000 consultas, de las que sólo el 10% precisó ser atendidas presencialmente, y el 45% requirió de abogados. Desde ahora, los inmigrantes entrarán en el sistema por medio de los servicios sociales de base. Allí se les atenderá o se les derivará a otros servicios, todos ellos abiertos también a otros ciudadanos. Zabaleta recordó que 19 técnicos de inmigración trabajan en los Ayuntamientos vascos.

La Dirección de Inmigración y el servicio Biltzen, que será reforzado con juristas, supondrán el punto de apoyo, mientras que Lanbide creará un itinerario de inserción, también para los inmigrantes en situación irregular, y los servicios de atención jurídica de Justicia atenderán las cuestiones legales. Zabaleta aseguró que si es necesario se reforzará este servicio. Las dudas se centran ahora en si los inmigrantes sin papeles acudirán a estos cauces. La atención "no llegará ni a la mitad" del anterior Heldu, según Fantova.

A pesar del apasionado discurso contrario a la privatización de la consejera, se reforzará un servicio, Biltzen, que gestiona otra entidad, se potenciará a las asociaciones para que acompañen a los inmigrantes y se ha contratado un abogado como asesor. Ningún grupo, excepto el PSE, mostró su apoyo al cambio planteado por el Gobierno. "El nuevo modelo es que no hay modelo", criticó Mikel Arana, de EB.