Trabajo endurece el acceso de los autónomos a las pensiones más altas

Los autónomos que quieran cobrar una pensión máxima o, al menos una de las más altas, cuando se jubilen lo van a tener más difícil. Hasta ahora, si un trabajador por cuenta propia quería disfrutar de una pensión alta al jubilarse tenía que aumentar su base de cotización al cumplir los 50 años o antes. Desde el 1 de enero tendrá que hacerlo a los 45, de lo contrario perderá la oportunidad de percibir una pensión máxima.

El documento de propuestas para reformar el sistema de pensiones que el Gobierno envió al Pacto de Toledo en enero ya apuntaba en esta línea. Aunque lo hacía de forma imprecisa: "La cotización de los trabajadores autónomos debe revisarse, y acercarse a los rendimientos reales del ejercicio profesional". Lo que no estaba previsto es que el Gobierno aprovechara la Ley de Presupuestos de 2011 para hacerlo; tampoco, que no estableciera un periodo transitorio. Lo que sí ha hecho la Seguridad Social es dar hasta el 1 de abril de 2011 a los autónomos de 45 a 49 años que quieran optar a la pensión máxima.

El Fondo de Reserva de las Pensiones acumulará 64.300 millones en 2010

Los empresarios con 50 empleados o más no podrán pagar la cuota más baja

La práctica de pagar por la base mínima de cotización -223 euros al mes correspondientes a 841,8 euros- para aumentar a un epígrafe mayor al llegar a los 50 años está muy extendida entre el colectivo (una vez sobrepasada esa edad, el autónomo no puede aumentar su base en más de 1.665 euros si antes no ha cotizado por encima de esta cantidad). De esta forma se planifican las aportaciones al sistema para que el trabajador por cuenta propia logre una pensión mayor con una menor contribución, independientemente de cuáles sean sus ingresos (una opción mucho más difícil para quienes cotizan en el régimen general). El objetivo del Gobierno es evitar esta argucia o, al menos, que sea más caro recurrir a ella.

Desde UPTA, una de las asociaciones mayoritarias del colectivo, no se ataca el cambio en sí, sino que se critica que el Ejecutivo haya realizado el cambio sin avisar ni establecer un periodo transitorio. Su presidente, Sebastián Reyna, también rechaza que la modificación se haya hecho sin consultar a las organizaciones de autónomos.

Los Presupuestos de 2011 también establecen un cambio en las cotizaciones personales de los empresarios que tienen más de 50 trabajadores contratados. Estos no podrán, como hasta ahora, cotizar por la base mínima de cotización, sino que tendrán que hacerlo, al menos, por unos 1.000 euros. Para el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, "no tiene mucho sentido" que un empresario que tiene más de medio centenar de empleados -algunos con bases de cotización altas- coticen personalmente la mínima cantidad posible.

Granado pronunció estas palabras en la presentación de los presupuestos de la Seguridad Social para 2011. Las cuentas del instituto público para el próximo año volverán a arrojar, de cumplirse, un saldo positivo pese al maltrecho mercado laboral. En concreto, la diferencia entre gastos e ingresos dará un saldo positivo de 4.579 millones de euros, por lo que el superávit será del 0,4% del PIB (el doble de lo previsto para 2010). Este excedente podrá emplearse para hacer aportaciones al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, pero Granado no aclaró en qué cantidad. También se destinará a la hucha de las pensiones -que acabará el año con unos 64.300 millones- el excedente de las mutuas y no al Fondo de Prevención como hasta ahora.

Por capítulos, en los gastos de la Seguridad Social solo suben prestaciones económicas, pensiones contributivas y bajas por riesgo durante el embarazo. En cambio, el desembolso en el resto de epígrafes baja.

Además de los cambios normativos respecto a los autónomos, el proyecto de presupuestos también recoge otros que dan una vuelta de tuerca al control sobre las mutuas laborales. Así, se les prohíbe pagar indemnizaciones por despido por encima de los límites legales (45 días por año trabajado) y se homogeneizan las retribuciones de los directivos a las de la Administración.