Del conflicto a la solución negociada

El éxito de una huelga empieza a medirse con su amplitud, que evidencia el conflicto social que motivó su convocatoria, pero culmina cuando se alcanzan soluciones negociadas entre las partes en conflicto. Es decir, el riesgo mayor siempre lo corre quien tiene que remover una injusticia enfrentándose a ella, mientras que su triunfo solo lo será si puede compartirlo con quien provocó la desavenencia; y si la huelga ha sido general, los beneficiarios de su éxito final terminarán siendo casi todos, incluidos muchos de sus detractores. Esta es, muy resumidamente, la historia de todas las huelgas y esperemos que también lo sea de la de ayer. De momento ya se ha constatado la primera premisa, puesto que con el respaldo obtenido, CC OO y UGT han demostrado la razón que les asistió al convocarla; mal que les pese a los que se deslizaron las vísperas del 29-S del análisis político, que requiere de datos reales, al psicoanálisis amateur, que se nutre con conjeturas. Si la humildad que acompaña a la inteligencia se abre hueco entre la vanidad que rezuman los que se precian de listos, tal vez pueda reconocerse ahora que una huelga general no es un artificioso juego entre cínicos que camuflan sus respectivas debilidades poniendo en danza a trabajadores e instituciones. Los sindicatos llamaron a la huelga para responder a una injusta degradación del empleo y de los derechos laborales, y no solo para prevenir otras contrarreformas que flotan en el ambiente; no tenían ninguna cara que lavarse puesto que nunca se la habían ensuciado por no haber convocado la huelga cuando al estallar la crisis el Gobierno reforzó la protección social y su presidente afirmaba rotundo que "...de la crisis no se saldrá debilitando los derechos sociales sino reforzando el aparato productivo".

Tampoco hay ningún designio fatalmente irreversible que impida negociar cambios en la reforma laboral ni que al hacerlo se revuelvan contra España los inversores internacionales. Si acaso querrán hacerla irreversible los patronos que al día siguiente de su publicación en el BOE retiraron expedientes de regulación de empleo para proceder a despedir directamente a buena parte de sus efectivos; o los despachos laboralistas de empresas que han inspirado esta reforma y vislumbran el robustecimiento de sus carteras de clientes en la medida que estos quieran aligerar sus plantillas, a quienes les saldrá más barato despedir pero buena parte de lo que se ahorren en indemnizaciones por despido se lo tendrán que gastar en la minuta de sus asesores para que les preparen cabalísticos informes pretextando la previsión de pérdidas en sus empresas y puedan imponer los "despidos preventivos" que la reforma entroniza en nuestro ordenamiento laboral.

Que persista el conflicto social, aunque sea latente, es el peor mensaje que nuestra economía puede remitirle a empresarios propios y foráneos. Por el contrario, valorar que pese a todo en España se firmó en febrero y se mantiene para los próximos tres años un acuerdo de moderación salarial, del que no dispone ningún otro país europeo y que se asegurará aún más esa certidumbre sobre la evolución de los costes laborales superando este grave desencuentro con acuerdos correctores de la reforma laboral, es la mejor manera de atesorar la confianza en el empeño del Gobierno y de los agentes sociales por superar la crisis, con renovadas bases para el crecimiento y la competitividad de nuestra economía. Después de la huelga solo habría que poner contra las cuerdas a quienes pretendan sabotear la cristalización, cuanto antes, de este empeño.

Antonio Gutiérrez Vegara es diputado del Grupo Socialista. Presidente de la Comisión de Economía del Congreso y ex líder de CC OO.