Una empresa denuncia la vinculación con una ITV de un ex funcionario

Una de las empresas del polémico concurso de las ITV (Inspecciones Técnicas de Vehículos) ha denunciado ante el Tribunal Constitucional la vinculación de un ex técnico de Industria con la actual adjudicataria del servicio en Irún y Urnieta. Esta conexión es uno de los argumentos que emplea para defender la anulación del concurso y quedarse con la explotación de las dos ITV guipuzcoanas.

La compañía Itevelesa (que obtuvo la segunda puntuación) se refiere a la información de este diario, de mayo pasado, en la que se señalaba que la adjudicataria de las estaciones Irún y Urnieta, la multinacional alemana TÜV Rheinland, tiene como máximo responsable de las mismas al técnico que realizó el informe avalando la adjudicación del servicio. Javier Goldarazena, quien elaboró el estudio en 1993, es desde mayo de 2006 el jefe de ambas estaciones, donde cada año se revisan unos 170.000 vehículos. En ese año pasó directamente de Industria a la multinacional y se encuentra en excedencia como funcionario del Gobierno.

Rechaza el defecto formal que ha impedido el cambio del adjudicatario

El litigio de las ITV, que se remonta a 1993, se prolongará otros dos años más

Su empresa se encuentra cuestionada después de que la consejería de Industria anulase este año la adjudicación de las ITV de Irún y Urnieta en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Supremo de 2007, que apreció anomalías en las concesiones aprobadas en 1993 y ordenó realizar una nueva valoración. Ello significó, según las estimaciones de los técnicos de Industria, que debía cambiarse el adjudicatario en el lote 4 (Irún y Urnieta) pero se mantenía invariables las concesiones del 1 (Arrigorriaga y Zamudio), el 2 (Trapagaran y Amorebieta) y el 3 (Jundiz y Bergara).

Pero el litigio, que cumple ahora 16 años con variadas vicisitudes, se ha vuelto a complicar, después de que el Supremo dictara un auto, el pasado 28 d abril, que paralizaba la anulación del lote 4 y, como consecuencia, el cambio de titularidad de Rheinland a Itevelesa. El tribunal se basó en un defecto foral al estimar que los alemanes no se personaron en el proceso y ordenó que se retrotraiga a 1994 para escuchar las alegaciones de Rheinland.

Esta decisión ha sido recurrida por Itevelesa, que en junio presentó un recurso ante el Constitucional para anularlo. La compañía alega que debe prevaler una sentencia firme, como la del Supremo, y que, en cualquier caso, no existe desconocimiento del proceso por parte de TÜV Rheinland, a la que reprocha que se aparta "voluntariamente" del litigio.

Asegura, en su escrito, que los directivos "tienen conocimiento del recurso desde hace bastantes años" y alude por tres veces al responsable y ex funcionario de las estaciones de Irún y Urnieta. "El funcionario Javier Goldarazena pasó de desempeñar funciones relacionadas con la ITV [en el Departamento de Industrria] a dirigir las estaciones del indicado TÜV [Rheinland] en el País Vasco en el año 2006, tres años antes de la fecha en que se dice haber tenido conocimiento del proceso".

Alude a este hecho como una de las razones para que se anule el último auto del Supremo, ya que Goldarazena "tuvo que conocer el proceso porque la Administración demandada [el Departamento de Industria] tuvo que preparar la defensa de la resolución de adjudicación que él propuso". Añade también las declaraciones del actual jefe de las ITV guipuzcoanas a este diario, quien opinó que los tribunales habían "valorado mal los criterios" de adjudicación de las ITV y defendió "que fueron correctos". Con estas palabras, Itevelesa argumenta al Tribunal Constitucional que tenía "un conocimiento de las sentencias".

En cualquier caso, la multinacional alemana seguirá con la explotación de las dos estaciones guipuzcoanas al menos otros dos años, el periodo que se calcula en que se pueda resolver tanto lo dictado por el Supremo como el recurso al Constitucional.

Ésta no ha sido la única polémica en las concesiones de la ITV. Otra de las empresas que no resultó adjudicataria, ITA Asua, ha reclamado en los últimos años la explotación del lote de estaciones de Vitoria y Bergara. Esta concesión se otorgó a una empresa que presentó la documentación fuera de plazo.