Educados a la fuerza

Acostarse en el césped de Marbella (Málaga), jugar con un avión de aeromodelismo en una calle en Sevilla, o mover a deshora los muebles en Granada tienen multa. Los ayuntamientos andaluces han sucumbido al furor de las ordenanzas de convivencia, aunque resulten de difícil cumplimiento.

Granada abrió la espita en noviembre de 2009 con una normativa inspirada en la de Barcelona, ciudad famosa por sus problemas vecinales con la prostitución. El articulado regula hasta 250 conductas incívicas, incluidas las que se desarrollan en el interior de las viviendas. Saltos, golpes, música o portazos están vedados a la hora de la siesta. Por la noche, no se pueden hacer ni reparaciones domésticas ni cambios de muebles. Prevé hasta 3.000 euros por mantener relaciones sexuales en la calle, y 300 euros por vender pañuelos o hacer malabarismo.

El próximo jueves, la capital de la Costa del Sol llevará a pleno su ordenanza. Como ya han hecho en Granada, Marbella o El Ejido (Almería), sancionarán las relaciones sexuales, con pago o sin él, en el núcleo urbano. La Unión de Policías Locales y Bomberos de Andalucía (UPLB) ha reclamado al Ayuntamiento malagueño la definición de "relación sexual", para que no haya confusiones. Julio Andrade, edil de Participación Ciudadana , alega que "sólo hace falta sentido común para identificar estas prácticas". Aún así, darán charlas formativas a los agentes sobre la ordenanza.

Málaga se ampara en los resultados de Granada. En los 11 meses que lleva en vigor, las prostitutas se han trasladado a los pueblos colindantes para evitar las multas, que sí se apresuran a pagar los clientes para que no les llegue la notificación a casa. Contra los gorrillas, otro de los colectivos afectados, se han abierto más de 100 expedientes, pero sólo se ha recaudado una multa. Las vendedoras de claveles no han dejado de leer el futuro de los turistas en los alrededores de la catedral granadina, y los mimos y artistas callejeros siguen actuando, aunque con permiso.

En Sevilla tampoco se multa a los aparcacoches ilegales, a pesar de que su ordenanza, de 2008, prevé sanciones de hasta 120 euros. La normativa sevillana castiga también el vertido de desagües de aparatos de aire acondicionado en la calle, el uso de juguetes de aeromodelismo en lugares no autorizados o las apuestas de los trileros. Las multas que oscilan entre 1.500 y 3.000 euros.

El municipio almeriense de Carboneras es uno de los últimos en sumarse a las ordenanzas de convivencia. Prevé multas de 600 euros por tender en los balcones o por salpicar a un peatón. La capital almeriense ya prepara su ordenanza.