"Mi mandante no recibió monto alguno en el Ayuntamiento"
La defensa de Roca alega que no tenía ninguna autoridad en Marbella
"Mi mandante no tuvo intervención alguna", "mi mandante no tuvo nada que ver", "mi mandante no recibió monto alguno en relación con la actuación municipal". Esas tres frases son las que más ha repetido la abogada Rocío Amigo en los 83 folios de su escrito de defensa del ex asesor urbanístico de Marbella (Málaga) Juan Antonio Roca, principal procesado en el caso Malaya de corrupción. El alegato rechaza una por una las acusaciones de blanqueo, prevaricación, malversación, fraude y cohecho por los que la fiscalía pide para él 30 años de prisión; el Ayuntamiento marbellí, 39 años y la Junta de Andalucía, 40 años.
La letrada de Roca ha usado como guión para redactar su escrito el informe de acusación particular elaborado por los letrados de la Junta de Andalucía, al considerarlo el "mejor estructurado". En una consideración previa, Rocío Amigo -que tomó en julio pasado la defensa de Roca tras la renuncia del letrado madrileño Aníbal Álvarez- sostiene que la Junta de Andalucía ha avalado por la vía de los hechos el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1998, puesto en marcha por Roca y que dio pie a la construcción de unas 10.000 viviendas ilegales.
El PGOU nunca fue aprobado por la Junta, por lo que carecía de validez. Las casas ilegales que se levantaron vulneraban el planeamiento vigente entonces, de 1986. Sin embargo, casi todas las viviendas siguen en pie y han sido regularizadas en el nuevo PGOU marbellí aprobado definitivamente este año.
Esta circunstancia permite a la defensa de Roca afirmar que la Junta "finalmente ha convalidado, casi al 100%, aquel instrumento de planeamiento". La letrada sostiene que la no aprobación del PGOU de 1998 obedeció a un "enconamiento personal" del gobierno autónomo con Roca. El ex asesor, a través de su abogada, lanza otra andanada a la Junta. Respecto a las decisiones urbanísticas por las que se le acusa de cobrar a promotores, afirma: "Cada uno de los hechos consignados contaron con la anuencia de quien hoy acusa, que estaba (o debió estar) ejerciendo sus preceptivas labores de control".
Además de rechazar absolutamente haber recibido dádivas a cambio de ninguna actuación administrativa, Roca niega también haber realizado pagos a funcionarios. Este punto es importante porque una de las claves del juicio, que se inicia el próximo lunes en la Audiencia Provincial de Málaga, consistirá en confirmar si los sobres de dinero con las iniciales que coincidían con las de los concejales marbellíes y que se hallaron en el despacho particular de Roca, corresponden efectivamente a los ediles.
Imputado en el caso de Sean Connery
El ex asesor de Urbanismo de Marbella, Juan Antonio Roca, regresó ayer los juzgados de Marbella (Málaga) para declarar por el caso Goldfinger. La causa investiga la venta de una villa que el actor escocés Sean Connery poseía en primera línea de playa y cuya parcela sirvió después para edificar un complejo de 72 apartamentos de lujo. Roca está imputado por los delitos de prevaricación, malversación y contra la ordenación del territorio.
El ex asesor pasó tres horas y media en la sede judicial. También declararon como imputados por esta misma causa, en manos del Juzgado número 1 de Marbella, los ex ediles gilistas Tomás Reñones y Alberto García.
El procedimiento se centra en tres convenios: uno suscrito por el Ayuntamiento de Marbella, con Julián Muñoz como alcalde accidental, y la sociedad Malibú S. A., propietaria de la villa de Connery; y otros dos, sobre una propiedad colindante y suscritos con la empresa By the Sea. También se analizan las licencias de obra de la urbanización. La operación supuso un perjuicio para las arcas de 2,7 millones de euros, según el Tribunal de Cuentas, y granjeó a sus promotores un beneficio de 53 millones, calcula la Agencia Tributaria.
Los técnicos de Hacienda han hallado vinculaciones entre el bufete marbellí del que era cliente Connery y Juan Antonio Roca en la documentación intervenida en el caso Malaya.
Basándose en esa documentación, los investigadores concluyen que Roca tenía "interés" en las fincas del complejo "desde su inicio". Según sus informes, la construcción del complejo Malibú "no hubiera sido posible sin la connivencia de individuos relacionados con el Ayuntamiento de Marbella, entre ellos Juan Antonio Roca, quien por estas acciones posiblemente obtuvo un pago en especie". El delito de cohecho se habría "materializado en dos apartamentos como pago por la firma de los convenios, valorados en 600 millones de pesetas, por parte de la sociedad By the Sea a Roca".
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