El jefe del comité técnico del ATC: "No conocía la elección de Zarra"

Ascó y Yebra denuncian tongo en el proceso - Sebastián pasa la responsabilidad a De la Vega - El Ejecutivo puede imponer el silo, como hizo en Trillo en 1999

Eduardo Gallego, profesor de Ingeniería Nuclear en la Universidad Politécnica de Madrid y coordinador del Comité Asesor Técnico para la selección del emplazamiento del almacén nuclear, conoció por la prensa el informe que designó a Zarra como el mejor emplazamiento. "Tuvimos acceso a algún borrador anterior, pero no incluía puntuaciones", explicó ayer por teléfono. El trabajo del comité -en el que había otros cuatro profesores- fue "recopilar datos técnicos sobre los candidatos", según Gallego. "Nunca se nos pidió establecer las puntuaciones. No conocía la elección de Zarra. El informe yo me lo bajé de Internet", afirmó.

En el procedimiento no se detallaba quién debía realizar la selección del emplazamiento, pero Gallego deja claro que no fueron ellos para no dar lugar a confusiones. Él no acudió -estaba de viaje- a la comisión interministerial que el jueves pasado aprobó el informe final en el que Zarra salió la mejor puntuada, aunque con "escasa diferencia" con Ascó, Yebra y Villar de Cañas. El experto afirma que cualquiera de los cuatro es buen candidato, pero señala que ignora quién hizo ese informe. El Ministerio de Industria sostiene que lo aprobó la comisión interministerial y que, por lo tanto, es un documento de dicha comisión.

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En ella hay representantes de Industria pero también de ministerios como Sanidad, Interior, Economía y Vicepresidencia, que difícilmente pudieron realizar la matriz de puntuaciones.

El ministro de Industria, Miguel Sebastián, defendió el procedimiento. "El ministerio ha cumplido con su trabajo y estamos satisfechos", y calificó el documento como "impecable, público, transparente y debatible como nunca se había hecho en este país". Sebastián descargó el proceso a partir de ahora en la vicepresidenta, María Teresa Fernández De la Vega: "Cuándo se lleva [al Consejo de Ministros] corresponde a la persona que coordina este Gobierno", dijo. De la Vega frenó el plan de Sebastián de llevar el almacén a Zarra el pasado viernes en un Consejo que el Ejecutivo socialista de Castilla-La Mancha calificó como "un desastre".

El Gobierno pospuso la decisión con el argumento de que necesitaba un informe jurídico que aclarara si el ATC se podría construir en Zarra si la Generalitat Valenciana se oponía. El informe está ya listo. Según fuentes jurídicas, el Consejo de Ministros siempre tiene abierta la opción de declarar de interés público el proyecto y construirlo. Así lo hizo en 1999, cuando la Junta de Castilla-La Mancha recurrió la construcción de un almacén nuclear junto a la central de Trillo. El abogado del Estado negó entonces la legitimidad de la comunidad, con el argumento de que era un tema municipal. El Supremo admitió su "legítimo interés", ya que "por las teóricas consecuencias de ese almacenamiento podrían extenderse a otros territorios sitos en la comunidad". Sin embargo, la sentencia avaló al Gobierno al resaltar "el interés público que supone la producción y distribución de energía eléctrica" y que la ley reserva al Gobierno las competencias en materia nuclear. Según fuentes conocedoras del procedimiento, el Consejo de Ministros maneja informes técnicos según los cuales puede decidir el emplazamiento sin el visto bueno de la comunidad autónoma.

Sin embargo, si el Ejecutivo quiere construir el ATC con consenso, como han pedido por unanimidad el Congreso y el Senado, sí que necesitará la autorización de la autonomía en diversos trámites. El Gobierno de Valencia frenó el 26 de julio de 2007 la instalación de una incineradora en el mismo terreno en el que ahora iría el ATC.

Aunque el PP en Valencia ha cogido la pancarta contra el ATC -ayer el presidente de la Diputación de Valencia, el popular Alfonso Rus, se manifestó ante el ministerio junto ecologistas como Greenpeace y Ecologistas en Acción- no ha llevado su rechazo a los tribunales. El Ejecutivo de Francisco Camps tiene en su mano la posibilidad de frenar en seco las aspiraciones de Zarra. Podría retirar el recurso contra la sentencia que en 2009 anuló la recalificación de los terrenos donde iría el ATC. Con esa medida, las 86 hectáreas del terreno elegido no serían industriales sino rústicas, y Zarra caería en la clasificación de Industria. "No se ha tomado ninguna decisión sobre la posibilidad de retirar el recurso", comentan fuentes de la consejería de Medio Ambiente, a cuyo frente se encuentra Juan Cotino. Cotino es tío de uno de los propietarios del terreno. El ministerio otorgó a Zarra una de las máximas puntuaciones a "la calificación urbanística" del suelo.

El caso no terminará cuando el Gobierno elija emplazamiento. La Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares (Amac), que defiende las candidaturas de Ascó y Yebra, acusó a Industria de haber cocinado la puntuación de los candidatos para favorecer a Zarra. La Amac auguró que el caso acabará en los tribunales si el Consejo de Ministros ratifica Zarra. "Es un informe absolutamente inaceptable, sin fundamento técnico ni jurídico, hecho para conseguir el objetivo deseado de llevarlo a Zarra", afirmó el gerente de Amac, Mariano Vila. La asociación sospecha que Enresa -la empresa pública que gestiona los residuos radiactivos- hizo el informe y critica que eligió el único terreno sin acceso por carretera, a un Ayuntamiento que solo presentó un folio escrito a mano, con un alcalde pendiente de juicio por corrupción y con la reclasificación del suelo anulada por una sentencia.

* Este artículo apareció en la edición impresa del 0023, 23 de septiembre de 2010.

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