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Editorial:

Tránsfugas al poder

El aval de los socialistas al alcalde expulsado de Benidorm estimula esta práctica fraudulenta

Los socialistas de Valencia parecen dispuestos a consumar la ruptura del Pacto Antitransfuguismo que el PSOE firmó hace cuatro años con el resto de las fuerzas políticas del arco parlamentario. El alcalde tránsfuga de Benidorm, Agustín Navarro, ha sido propuesto por los socialistas como candidato a la alcaldía, ahora con la etiqueta de independiente. Le ha dado su aval Jorge Alarte, líder del partido en Valencia, el mismo que hace un año defendió enérgicamente el Pacto Antitransfuguismo y promovió la expulsión de Navarro y los concejales que le auparon a la alcaldía benidormense (entre ellos la madre de la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín).

Este movimiento es de una enorme gravedad. Todos los partidos políticos han sido víctimas alguna vez del transfuguismo. De ahí el acuerdo alcanzado entre ellos en 1998, que se convirtió en un más solemne Pacto Antitransfuguismo en 2006. Pacto no menos solemnemente ignorado luego, destacando en ello el PP, tanto por el número de casos como por el surtido de coartadas empleadas para justificarlo. Precedentes que en ningún caso podrían justificar la actitud de los socialistas en Benidorm con el amparo de más altas instancias.

Ante las críticas por su cambio de actitud, Jorge Alarte ha reclamado la destitución de los alcaldes populares de otros municipios de la provincia que, como Navarro, alcanzaron el puesto con votos tránsfugas. Pero condicionar la decencia propia a la de los demás vacía de sentido el discurso de los socialistas valencianos de que el transfuguismo, además de ser un fraude a los electores, esconde corrupción urbanística. Si los 12 concejales que auparon a la alcaldía a Navarro hace un año merecieron la expulsión por vulnerar el Pacto Antitransfuguismo, ¿no la merecen ahora los que avalan retrospectivamente aquella decisión?

Pero el caso de Benidorm está cargado de simbolismo y su onda expansiva sobrepasa los límites de la Comunidad Valenciana. En este enclave turístico de 70.000 habitantes, especulación urbanística y transfuguismo tienen una larga tradición. A comienzos de los años noventa, el futuro dirigente popular Eduardo Zaplana inició su carrera alcanzando la alcaldía de la localidad gracias a un voto tránsfuga.

El episodio de hace un año ya salpicó a la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín. Sus enemigos la acusaron entonces de haber salvado la cara con unas expulsiones cuyo alcance real se vería cuando llegaran las elecciones. La sospecha de que los 12 serían readmitidos en las listas no se ha verificado, pero el indulto implícito concedido a quien los encabezaba al designarle como candidato indica que aquella indignación era provisional. Si el PSOE imita lo que considera inaceptable en el PP, ambos partidos no solo renuncian a lo que pactaron sino que dejan el camino abierto para que los tránsfugas escalen con impunidad el camino que lleva al poder.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 23 de septiembre de 2010