Conde-Pumpido afirma que persigue la corrupción sin distinción de partidos

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, aseguró ayer ante el Rey, en la ceremonia de Apertura del Año Judicial, que la Fiscalía no vincula la lucha contra la corrupción a "una u otra formación política o corriente ideológica", sino que actúa "contra el abordaje ególatra y lucrativo del poder por parte de sujetos o grupos que solo militan en su propio afán depredatorio".

La jornada de Apertura de Tribunales tuvo ayer un fuerte sesgo político, marcado por la contestación de las asociaciones judiciales conservadoras a las rebajas económicas y la reforma del proceso penal y el desarrollo de los consejos autonómicos de justicia que plantea el Gobierno. La mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura hizo público un comunicado en el que da un "suspenso generalizado" al Ministerio de Justicia, y el Foro Judicial Independiente se ausentó de la ceremonia de apertura en protesta por las rebajas salariales a los jueces.

Dívar exige "suma prudencia" para atribuir al fiscal la instrucción penal

El presidente del Consejo del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, trocó su habitual disertación seráfica por un discurso netamente reivindicativo en el que se quejó de la incomprensión de los ciudadanos frente a la "compleja labor judicial" y cargó contra los que cuestionan la "legitimidad democrática" de los jueces desde "la insatisfacción y el descontento por la actuación de los tribunales en casos concretos".

Aunque sin citarlas expresamente, Dívar aludía así a las acusaciones de politización que en los últimos meses han llovido sobre el Tribunal Supremo por los procesos abiertos al juez Baltasar Garzón. Tras una cerrada defensa corporativa de la legitimidad de los jueces del alto tribunal, Dívar exigió "suma prudencia" sobre el proyecto de sustituir al juez por el fiscal en la instrucción de los procesos penales. El presidente del Supremo advirtió de que la reforma, "de llevarse a cabo", repercutirá en la planta judicial y en "alto nivel de protección jurisdiccional de los derechos y garantías, que corresponden ahora al juez de instrucción".

Sentado a la izquierda del Rey, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, que la pasada semana puso sobre la mesa el cambio de modelo en la dirección del proceso penal, seguía con cara de póquer el discurso del presidente del Supremo. Dívar, sin embargo, sacó a relucir la sentencia del Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña para dejar sentado que "ningún órgano, salvo el Consejo del Poder Judicial, puede ejercer la función de gobierno de los órganos jurisdiccionales", en clara advertencia al ministro sobre el anunciado desarrollo de los consejos autonómicos de Justicia.

En sentido contrario a Dívar, Conde-Pumpido aseguró que la renovación del proceso penal "contribuirá a modernizar" la justicia y acercará el sistema español a los que ya rigen en los países europeos. El fiscal del Estado abogó por desarrollar la cooperación judicial internacional frente a fenómenos como el que ha hecho "tambalearse la economía de Estados enteros" ante "la avaricia ilimitada de algunos" que ha condenado a la pobreza y al desempleo a ciudadanos inermes.

En su discurso, Conde-Pumpido subrayó el papel de la Fiscalía Anticorrupción y el "balance demoledor" de sus resultados, que convierten a jueces y fiscales "en un enemigo a batir" a los ojos de los delincuentes. Por ello, reclamó "la confianza y el apoyo de todos los demócratas honestos" en la lucha contra la corrupción.

Tanto Dívar como el fiscal general del Estado hicieron sendas referencias a los últimos comunicados de la banda terrorista ETA. "La novedad en esta materia es que no hay novedad", resumió Conde-Pumpido. "Digan lo que digan los terroristas y quienes les apoyan seguimos y seguiremos cegando las vías de la violencia en todos los tramos de su cruel recorrido", añadió el fiscal general. Dívar insistió en el compromiso de eliminación de la lacra terrorista "sin retroceder ni un milímetro".