La polémica sobre los impuestos

¿Alguien podía pensar que las discusiones en torno al alcance y las posibles soluciones de la crisis no iba a provocar paralelamente un debate sobre los impuestos? La política fiscal, de mayor o menor intensidad, está en el corazón del Estado de bienestar, de tal modo que no puede existir éste sin aquélla. Cuando el ministro José Blanco a mediados de agosto reflexionó en público sobre la necesidad de "homologar" los impuestos de España con los del resto de la Europa más próspera, porque "si queremos unos servicios públicos de primera y unas infraestructuras de primera, tendremos que tener impuestos homologables a los de los países europeos", no estaba desenterrando una serpiente de verano, ni siquiera haciendo pública una ocurrencia, sino que estaba atinando plenamente en torno a una terapia inevitable para preservar el Estado social moderno en España como garante del futuro de nuestro Estado de bienestar. Las reacciones posteriores han venido a corroborar lo que digo.

Una fiscalidad progresiva redundará en una sociedad más igualitaria

Resulta evidente que la socialdemocracia aún está vigente, aunque haya pasado por momentos de alarmante debilidad, porque la derecha española ha puesto pie en pared ante la juiciosa reflexión del ministro. La primera contestación surgió por boca de Montoro. Arrimando el ascua a su populista sardina, advirtió de que el Gobierno subirá los impuestos "a todos", desoyendo por tanto al propio Zapatero, que anunció en sede parlamentaria que pedirá nuevos esfuerzos "sólo a aquellos ciudadanos con más alta capacidad económica". Ahora resulta que la crisis exige contención de gasto, eliminación del déficit, retención y disminución de la deuda y mucho rigor y obediencia al FMI (Fondo Monetario Internacional) en cuantas decisiones económicas se tomen. Pero para cambiar nuestras cuentas públicas la labor recaudatoria es imprescindible, y es lógico que deberá ajustarse a las necesidades.

Es bueno que nuestra economía crezca, pero el crecimiento puede conseguirse de varias maneras, y no sólo, como creen algunos gurús de la teoría neoliberal, cuidando el consumo y la inversión. Es verdad que si no crecen los ingresos sólo se pueden cuadrar los presupuestos reduciendo los gastos, pero de inmediato surge una pregunta crucial: ¿qué gastos?. ¿Pueden reducirse los gastos sociales: ayudas a desempleados, sanidad, educación, dependencia? ¿Habrán de reducirse los gastos en infraestructuras, que los agentes económicos consideran imprescindibles para accionar nuestra economía? ¿Hay que reducir la imposición fiscal para que el capital no se retraiga? Mientras tanto, los capitalistas (¡que siguen existiendo!) lo son más cada día, y las desigualdades económicas se acrecientan. La sociedad es cada vez menos igualitaria y más injusta.

Decía recientemente un comentarista que "la fiscal es una materia muy sensible que necesita quietud, reposo, sensatez y criterio". De acuerdo, pero sobre todo necesita que alguien se atreva a poner el cascabel al gato, máxime en estos tiempos en que el populismo electoralista está en todos los rincones de la acción política. Porque las Diputaciones vascas han respondido a Blanco que "no se pueden introducir cambios de forma apresurada". Parece ser que coinciden con la visión del PNV, no se sabe bien si lo es para oponerse a Patxi López, que se mostró interesado en estudiar una posible subida, o porque se dejan llevar por la potente ola conservadora que, aprovechando la crisis como disculpa, quiere descargar de cuanta más carga impositiva al capital. El portavoz económico del PNV en Madrid ha afirmado, para curarse en salud, que "para subir los impuestos hay que esperar a salir de la crisis". Otra vez el miedo, que no la precaución.

Lo que parecía un globo sonda ha resultado ser la chispa detonante de una polémica que no es estéril. Sin embargo, es bueno que no provoque confusión. Hay afirmaciones de Perogrullo que dichas por personalidades contrastadas ayudan a la reflexión de los más humildes. Joaquín Almunia ha dicho algo tan sencillo e irrevocable como que "es necesario incrementar los tributos en aquellos países en los que la presión fiscal es más baja que las necesidades que se quieren financiar". Y ha advertido de que es imposible tomar medidas contra la crisis que no afecten a todos los ciudadanos, aunque "deberán ser aquellos que más tienen los que más se rasquen el bolsillo".

Como he afirmado al comienzo, la socialdemocracia pervive y será muy bueno que intente inducir en los ciudadanos su vocación social en pos de una sociedad más justa, compuesta y formada por personas con potenciales de renta menos desequilibrados que los actuales.

Desgraciadamente, en España también hay una derecha egoísta que no cree en la igualdad y divulga entre la ciudadanía la idea perversa de que el Estado es un mal gestor de los servicios, sin advertirles previamente de que son muchos los servicios y acciones desarrolladas por el sector público que nunca serían provistas desde el sector privado, por ser difícilmente lucrativas. Esta derecha es la que en mayor proporción justifica el fraude tributario como una medida válida para atenuar los efectos de la crisis, según una encuesta del Instituto de Estudios Fiscales publicada hace unas semanas.

Por cierto, hay una cualidad de la política fiscal que debe tenerse en cuenta al abordar cualquier posible cambio: la capacidad redistribuidora de las de las rentas inherente a cualquier sistema de impuestos progresivo. Algunas veces da la impresión de que el papel de la Hacienda Pública no es otro que conseguir fondos para gastar y que, por tanto, calculado lo que es necesario gastar, los ingresos pueden llegar de cualquier modo. Pues no basta con eso, porque una política fiscal rigurosamente progresiva redundará en una sociedad más equilibrada e igualitaria, en la que quienes menos tienen se sientan menos acosados y a expensas de la codicia de los poderosos. Hay margen para revisar el actual sistema de impuestos sin que se resienta la crisis. Quienes se oponen a abordar este asunto sólo demuestran su temor interesado de perder su posición social y su capital.

Josu Montalbán es diputado del PSOE por Vizcaya.