Feijóo desiste de financiar más infraestructuras con capital privado

Cruzando la plaza del Obradoiro, resplandece la popularidad de Alberto Núñez Feijóo (Os Peares, 1961). Los peregrinos le asaltan cada dos por tres, y el presidente se muestra amable con todo el mundo, incluido alguno de los frikis compostelanos que revolotean alrededor de los visitantes. En la entrevista, hay una frase que se repite: "No voy a dejar facturas en los cajones". Su voluntad de equilibrar el presupuesto le llevará, anticipa, a poner fin también a las obras financiadas con capital privado.

Pregunta: Afronta uno de los momentos más comprometidos: recortar el presupuesto y tomar medidas impopulares. ¿La decisión ya está madurada?

Respuesta: Está madurada en el sentido de que solo caben dos alternativas: ajustar los gastos a los ingresos o meter facturas en los cajones y dejar de pagar. Vamos a hacer un presupuesto realista y está muy avanzado el estudio de las partidas que se van a tocar para llegar a los 1.000 millones largos de euros que dejaremos de gastar. No voy a dejar que Galicia pierda su solvencia, su credibilidad como hacienda pública que paga lo que contrata. Es una decisión difícil, pero está tomada desde hace tiempo.

"No cubriremos las jubilaciones ni las bajas por incapacidad laboral"

"La Televisión de Galicia es excedentaria en recursos humanos"

"El gallego necesita discriminación positiva, pero no en la educación"

"La autovía de Carballo está en revisión y puede ser reprogramada"

"En los incendios de 2006 fuimos muy respetuosos con el bipartito"

"Tenemos uno de los mejores operativos contra el fuego de Europa"

P. ¿Dónde hay margen para recortar?

R. Habría que preguntarlo al revés: dónde no hay margen. No lo hay en asistencia, docencia y prestaciones sociales en sentido estricto. Se puede mejorar la gestión en sanidad, educación y servicios sociales e identificar las bolsas de ineficiencia, pero hay poco margen. Eso ocupa el 70 y pico por ciento del presupuesto. En lo que sí hay margen es en subvenciones, inversiones que no tengan una repercusión directa en la competitividad de la economía y, por supuesto, en la Administración paralela y en organismos que no son necesarios.

P. Usted ha hablado incluso de recortes de personal en la Administración.

R. Es duro pero tenemos que hacerlo por responsabilidad. Todo lo que no sean funcionarios o personal laboral fijo está sujeto a revisión. Es decir, todas las asistencias técnicas y contratos temporales. Cada vez el peso de los gastos de personal, sobre todo en los últimos cuatro años, es mayor. Si estamos dando los mismos servicios o similares, no tenemos por qué seguir incrementándolo. Debemos rescindir contratos, aunque puedan considerarse improcedentes, porque no tenemos con qué pagarlos.

P. ¿Hay algún cálculo?

R. Tenemos un planteamiento: no se van a cubrir las jubilaciones ni las bajas por incapacidad laboral, salvo que se trate de personal asistencial o docente. No incrementaremos la plantilla de la Xunta. Le estamos diciendo a la gente lo que a mí, como ciudadano, me gustaría que me dijesen. Queremos seguir siendo los que pagamos en menor tiempo a los proveedores. Eso es hacerle un servicio a mi país.

P. ¿Y nunca se han planteado nada para recaudar más?

R. Hay bolsas de fraude fiscal sobre las que tenemos que actuar y estamos estudiando una organización de todos los servicios de inspección. También creemos que incentivando el consumo se reactiva la economía y crecen los ingresos tributarios. Bajando selectivamente determinados impuestos se puede recaudar más. ¿Lo contrario? El Gobierno central ya está viendo cómo ha influido la subida del IVA en la caída de la venta de coches.

P. El Gobierno central ha dicho que no va a renegociar el aplazamiento del pago de los 2.600 millones de deuda. Una vez que usted ha descartado la insumisión, ya solo le queda el derecho al pataleo.

R. No doy por cerrado ese asunto. Fuimos los primeros en decirlo pero ahora, cuando toca cerrar las cuentas, lo están viendo todas las comunidades. Supongo que al Gobierno de España aún le queda un poco de cordura y actuará cuando las comunidades le digan que solo tienen dos soluciones: o aplazar la deuda o meter facturas en los cajones. Todas las comunidades, de distinto signo político, le decimos eso, en público y en privado. El Gobierno no puede cuadrar las cuentas de su déficit público a costa de las comunidades, ni prohibirle lo que se le permite a los ayuntamientos en época electoral. Porque la sanidad, la educación y la justicia no serán cosa del Gobierno, pero lo son de los ciudadanos. Galicia no puede devolver el 5% de su presupuesto hasta 2016. No nos lo puede pedir un Gobierno sensato. Y estoy seguro de que lo lograremos. Si no es con éste, será con el próximo presidente.

P. El PP ha propuesto en el Parlamento un acuerdo para fijar límites a la financiación privada en obras públicas. ¿Dónde se pondría ese límite?

R. De la misma forma que tenemos que devolver esos 2.600 millones porque el Gobierno anterior gastó lo que no había, yo no quiero dejar un problema a los siguientes por la vía de las inversiones a plazos. Es verdad que son cosas muy distintas. Esos 2.600 millones se fueron en gasto corriente, no en inversiones para reactivar la economía, que es a lo que se destinan los pagos aplazados. Pero, aun así, deberíamos reflexionar con la oposición para fijar unos topes. La capacidad de endeudamiento está llegando a un límite.

P. Esta fórmula se ha usado en infraestructuras de comunicación y sanitarias. ¿Descartan aplicarla en otro tipo de inversiones?

R. Hemos priorizado. Los hospitales de Vigo y Pontevedra son inaplazables, como lo son algunos centros de salud y los compromisos de vertebración del territorio. Con eso vamos a coronar las posibilidades que tenemos en la fórmula público-privada. Por supuesto que se puede discutir en el caso de las residencias o de los centros mayores. Pero, no, no... Me temo que no quepa eso en la inversión que podemos aplazar, porque sería mucha más inversión y mucha más cantidad a devolver.

P. O sea, que el recurso a ese mecanismo está agotado.

R. Sí, lo que pasa es que ese mecanismo nos ha permitido amortiguar la bajada de la inversión como consecuencia del recorte de los 1.000 millones largos. Si tenemos que cortar 40 puntos la inversión, con el pago aplazado lo podemos dejar a la mitad.

P. ¿Habrá recortes en TVG? ¿Está en la agenda su privatización?

R. En una comunidad con idioma propio y una cultura a preservar puede haber una televisión que le cuesta a cada gallego 39 euros al año. Pero eso no puede ser óbice para tener una televisión inflada en su plantilla. Claro que va a entrar en el recorte, como en 2009 y 2010, porque tiene que ser solidaria con el resto de servicios públicos. TVG tiene alrededor de 1.000 empleados y las televisiones estatales están en 600. Debemos buscar mayor eficiencia para mantener la televisión pública y no ponerla al borde de la quiebra.

P. ¿Cuál sería la dimensión ideal?

R. No soy un experto, pero ya digo que hay televisiones estatales por debajo de los 700 empleados. La política de anteriores direcciones de aumentar la plantilla ha llevado a TVG a una situación límite y hemos de parar. Y plantearnos que tenemos una televisión pública excedentaria en recursos humanos.

P. ¿Le preocupa el ambiente en el que se ha iniciado el curso?

R. No, al contrario. La educación es una palanca para salir de la crisis a medio plazo y estamos apostando por ella. Con 15.000 nuevos ordenadores que permiten convertir un aula convencional en una digital. Y por eso estamos buscando los mejores ordenadores y lo vamos hacer en este curso. Y vamos a conseguir que unos 26.000 alumnos tengan una asignatura más en inglés. Ahora bien, si alguien quiere politizar las aulas, se equivoca.

P. ¿Y el asunto del gallego no ha enturbiado el ambiente?

R. Los docentes son mucho más responsables que algunos políticos, que creen que el aula es de su ideología y su política lingüística. Hemos apostado por el equilibrio lingüístico y eso es lo que está imperando en el 99% de las aulas.

P. ¿Y los profesores que dicen que desobedecerán el decreto?

R. Estoy convencido de que el 99% no lo hará, y cada uno asume su responsabilidad. ¿Qué ocurriría si los profesores que tienen que dar su clase en gallego deciden darla en castellano? Pues para mí es lo mismo. Incumplen la ley en ambos casos.

P. ¿Cuándo va a llevar al Parlamento el pacto por la lengua?

R. Hemos hecho un decreto con los mismos principios que defendimos en la oposición, en julio de 2007: equilibrio lingüístico, libre elección de la lengua en los exámenes y consulta en infantil. Haremos una ley para permitir que los padres elijan el idioma de cada bloque de asignaturas manteniendo siempre el equilibrio al 50%. Cuando veamos esos planteamientos maduros, los intentaremos pactar. Pero yo creo que ya hay un consenso social sobre el idioma y eso me preocupa más que el consenso político. Cada día estoy más persuadido de que hemos dado con el consenso social: equilibrio entre gallego y castellano y la ambición de conocer una tercera lengua.

P. ¿Estaría dispuesto a revisar algún aspecto del decreto en aras del consenso político?

R. Los principios básicos, equilibrio y libertad de elección en los exámenes, son los ejes vertebradores de la política lingüística. En eso están de acuerdo la mayoría de los votantes y muchos miembros del PSOE. ¿Cuál es entonces el problema? Si alguien cree que puede utilizar la lengua para erosionar al presidente, se equivoca. Y a veces veo al líder del PSOE intentando ser el líder del Bloque.

P. ¿Qué se puede pactar sobre la lengua fuera de la educación?

R. Muchas cosas: proteger, preservar, incentivar... Los idiomas no se imponen, se conocen y luego se utilizan en un régimen de libertad. La comunidad autónoma tiene que proteger el conocimiento de los dos idiomas. Hay uno que, desde el punto de vista del impacto social, necesita una discriminación positiva. Pero eso no lo podemos llevar a la educación, sino al ámbito empresarial, social, cultural... Este es un debate antiguo, porque el problema del pueblo gallego -y del sistema educativo español- no es el gallego ni el castellano, es el inglés.

P. ¿Volvería a reprochar al bipartito los muertos en los incendios?

R. Fuimos muy respetuosos con el bipartito. Yo no pedí la dimisión de ningún conselleiro hasta que el debate llegó al Parlamento. Ahora hemos tenido un verano peor desde el punto de vista meteorológico que el de 2006 y se ha demostrado que el sistema logístico contraincendios del bipartito fue un desastre, porque el número de hectáreas quemadas ha sido un 85% inferior. Hace cuatro años hubo un fallo operativo en cadena. Las muertes de Fornelos no las vamos a solucionar nunca, pero las brigadas han actuado con una extraordinaria profesionalidad y un notabilísimo éxito. Y ese mérito no lo podemos silenciar. Tenemos uno de los operativos mejores de Europa.

P. Usted dice ahora que la culpa de los fuegos es solo de los incendiarios.

R. Es evidente...

P. Pero al mismo tiempo sostiene que en 2006 fue culpa del bipartito.

R. El que quema es el incendiario. Y apagar le corresponde a los servicios de extinción y a sus mandos hasta llegar al conselleiro. Lo que nunca diremos es que hay una trama política detrás de los incendios, ni que la culpa es de los alcaldes del PSOE y el BNG. Aquí los dos peores veranos fueron 1989 [con el Gobierno tripartito de Laxe] y 2006. Queda claro que unos gestionan mejor y otros peor.

P. ¿Han constatado fallos en el incendio de Fornelos?

R. Merece ser investigado hasta el final y con todos los detalles. Tenemos la obligación de saber si se pudo haber evitado. Hemos hecho un informe en un tiempo mínimo para que el juzgado tuviese toda la información y pudiese tomarles declaración a sus compañeros. Si tenemos que cambiar el protocolo de las brigadas, lo haremos sin ninguna duda ¿Alguien puede pensar que algún corazón no siente dolor irreparable cuando ve a dos chavales que perdieron su vida intentando apagar un incendio?

P. ¿Es verdad que no se mueve un papel en la Xunta sin que usted tome una decisión?

R. Antes se criticaba porque la mitad del Gobierno actuaba sin comunicarse con la otra y ahora se nos critica porque todos hablamos mucho para tomar decisiones. El presidente tiene que tomar las decisiones que le corresponden, y el de la Xunta no es un oyente, ni está para dejar hacer y dejar pasar. En un momento en el que somos menos, tenemos menos y hay que priorizar, el presidente que se autoexcluya es que no quiere tomar decisiones. Siempre que soy consultado por los conselleiros doy mi opinión y procuro que despachemos todos los asuntos. Ser presidente es indelegable.

P. ¿El concurso de la autovía Carballo-Berdoias está en punto muerto? ¿Se han planteado empezar de nuevo?

R. Está en el punto de congeniar el compromiso de hacer la autovía en esta legislatura con el ajuste presupuestario obligado. Lo que he pedido es una reprogramación. La autovía está sometida a una revisión y un ajuste que daremos a conocer. Pero anticipo que no vamos a parar ninguna obra de la que estamos haciendo.

P. ¿Que se reprograme implicaría un nuevo concurso?

R. Yo no he dicho que se va a reprogramar, sino que he pedido una reprogramación de todas las infraestructuras, incluida esta. Habrá algunas que se podrán revisar y otras que se podrán salvar. Lo he pedido con una única instrucción: todo lo que está en marcha se tiene que acabar en los plazos previstos. Y a partir de ahí, lo que no hemos comprometido es susceptible de ser revisado. Pero esta autovía ha de hacerse en esta legislatura, es un compromiso electoral y de discriminación positiva hacia la Costa da Morte.

P. Si se revisa, las condiciones del concurso variarían.

R. Claro, si se revisa, varía. Vamos a ver en qué términos se puede revisar. Nuestro principio es acabar en plazo todo lo que está en ejecución y ver qué dinero nos queda para las obras del Plan Move. Y decidir cuáles van a reajustarse y cuáles no. En unas semanas se lo diremos, pero el conselleiro sabe que va a tener un presupuesto sustancialmente inferior al de 2010.

P. ¿Por qué la gente no le cree cuando dice que todo su horizonte político está en Galicia?

R. Yo agradezco mucho a la gente de buena fe que no me cree. Y la de mala fe... lo lleva diciendo desde 2003. Hay algunos que creen que llegué a Galicia por casualidad, es probable, pero eso fue en 1961, cuando nací. Estuve fuera de Galicia siete años y volví en 2003. Desde los 29 años a los 49, de veinte años, siete estuve fuera y trece en Galicia. ¿Hay algún político gallego que haya obtenido la confianza mayoritaria de los ciudadanos la primera vez que se presenta y que no pueda tener colmadas sus aspiraciones políticas y no se tome en serio el cumplimiento del mandato de las urnas? Yo nunca pagaré lo suficiente la confianza que me dieron los gallegos. Y honradamente, el que crea que es más ser ministro que presidente de Galicia se equivoca profundamente. Por lo demás, haré todo lo posible para que un compañero y amigo sea presidente del Gobierno y para que los gallegos no se arrepientan de haberme votado.