Aguirre recortará delegados el 1 de enero con acuerdo o sin él

La Comunidad de Madrid quiere negociar con los sindicatos la reducción de representantes sindicales que anunció el pasado martes en el debate sobre el estado de la región. Al menos, eso dice. "Es nuestra intención que se haga por acuerdo", aseguró ayer el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, nada más salir de la primera cita con los sindicatos, que duró hora y media. Quieren negociar, dijo, pero ya ha puesto una fecha límite a esa negociación: el recorte entra en vigor el 1 de enero. Con o sin acuerdo.

En el encuentro, Granados expuso la intención del Ejecutivo regional de reducir de 3.500 a 1.500 los liberados sindicales en la Administración madrileña, lo que supondrá un ahorro anual de 73 millones de euros. Los sindicatos presentes en la mesa de la función pública (CC OO, UGT y CSIT- UP) repiten desde el primer día que las cifras que maneja el Gobierno regional son falsas, que hay muchos menos trabajadores liberados de los que pregona el Ejecutivo. Pero oficialmente no dan ninguna cifra concreta. Según fuentes de UGT, como máximo, la cifra alcanzaría 1.200, un tercio de los que dice Aguirre. Y con matices, porque no todos los representantes de los trabajadores ceden sus horas para concentrarlas en un solo liberado, sino que las usan ellos al tiempo que mantienen su trabajo habitual.

La primera reunión se cierra sin consenso sobre el número de liberados

"Existe un afán por politizar la cuestión", aseguran desde UGT

Los sindicatos insistieron en la idea de que, más allá de cifras, lo importante es que el número de representantes para los casi 200.000 trabajadores públicos de la región es "legítimo" porque está contemplado en leyes y acuerdos en vigor, firmados por el mismo Gobierno regional que ahora los pone en duda. Y resaltaron que hay otros problemas más importantes, como la negociación del convenio colectivo de la función pública, prorrogado desde 2007.Frente al consejero Granados y los secretarios generales técnicos de las Consejerías afectadas se sentaron ayer en la mesa los 15 representantes de los sindicatos con presencia en la mesa de la función pública: CC OO, UGT y CSIT-UP. Todos los sindicatos insistieron en la "legitimidad" del número de delegados y liberados y subrayaron que hay temas "más importantes" que tratar, como la negociación colectiva que, denuncian, lleva parada desde 2007.

"Esta es la primera vez que convocan la mesa general desde hace tres años y resulta que es para hablar de liberados", dijo Fernándo Sánchez (UGT). Juan Antonio Olmos (CC OO) criticó que el Ejecutivo ha presentado de "manera mezquina" su anuncio de recortar liberados sindicales y negó las cifras que baraja la Comunidad: "Tienen datos que en absoluto son ciertos". Su intención es "contrastarlos" dentro de una discusión mucho más amplia: "Hay que hablar de muchas cosas: ofertas de empleo público que no se han desarrollado, condiciones de trabajo, salud laboral, conciliación, formación...", reclamó Olmos. Sánchez, señaló "la confusión terminológica y conceptual" en el debate de los liberados y afirmó que existe un "afán de politizar" la cuestión.

Gobierno y sindicatos se han dado dos semanas de plazo en las que han previsto cotejar datos. Tras la huelga general del 29 de septiembre, volverán a reunirse. Habrá negociación, sí, pero con la fecha tope del 1 de enero que, para los sindicatos, "supone una cierta medida de presión", según señaló José Montero (CSIT- UP).

La confusión con las cifras -Granados prometió un desglose que luego no ofreció y los sindicatos tampoco dieron datos concretos- proviene de que, en las leyes y acuerdos, se recogen las horas de representación, porque no todos los delegados sindicales están liberados al completo de su tarea habitual . Esas horas, según las estimaciones del Gobierno regional, equivalen a 3.500 trabajadores a tiempo completo, de los que se quieren suprimir 1.930 con un ahorro de 73 millones, que es lo que aseguran que les cuestan las sustituciones de esos empleados.

El encuentro se centró en una guerra de cifras: ¿cuántos liberados hay? ¿cómo se cuantifican? La Comunidad mantiene desde el primer día que son 3.500. "El Gobierno tiene identificadas a esas personas con nombres y apellidos", según Granados, que no ofreció la lista a los sindicatos, amparándose en la Ley de Protección de Datos. Los sindicatos no dieron ayer números durante la rueda de prensa posterior al encuentro. Según fuentes de UGT, la región cuenta con 1.815 delegados sindicales en comités de empresa y juntas de personal (2.078 si se incluyen las Universidades). Pero no es lo mismo un delegado que un liberado. Los delegados pueden ceder sus horas sindicales y agruparlas con la de otros para liberar a uno de los representantes elegidos por los trabajadores, también de la misma organización. Si entre todas las horas cedidas se cubre el horario laboral que por contrato tiene el delegado escogido para representar al resto (la ley establece 128 horas mensuales) se dice que se le libera de realizar las funciones de su puesto de trabajo para defender los derechos de sus compañeros de empresa. Estos liberados tienen derecho a que se les guarde la plaza.

Aguirre quiere meter la tijera a las horas mensuales que cada delegado dedica a su función representativa -un derecho recogido en una ley orgánica-. El máximo vigente en la actualidad es de 75 horas mensuales, una cifra a la que se ha llegado tras diferentes pactos regionales que mejoran las 40 horas mínimas que contempla el Estatuto Básico del Empleado Público. Como los acuerdos están en vigor, y para cambiarlos debería pasar por la mesa de negociación, la solución es acogerse al artículo 38 del Estatuto, el mismo que permitió al Gobierno central bajar el sueldo de sus funcionarios. Si la situación económica ha cambiado, los acuerdos quedan en suspenso, sostiene el Gobierno regional.