Los dos 'ertzainas' del 'caso Tellería' creen que el Juzgado filtró datos del sumario

Carlos Lau y Jesús Acha, los dos ertzainas acusados de recabar en favor del ex burukide del PNV Aitor Tellería informes sobre determinados personalidades de Vitoria, creen que personal del Juzgado de Instrucción Número 4 de la capital alavesa filtró datos del sumario que atiende un supuesto caso de espionaje, y que fueron publicados en varios medios de comunicación. Así se recoge en la denuncia que ambos ertzainas interpusieron el pasado 23 de julio, ante el Juzgado de Guardia de Vitoria.

En su escrito, abren la denuncia contra "todas aquellas personas pertenecientes y/o adscritas al Juzgado Número 4 de Vitoria que hayan tenido y tengan acceso al procedimiento denominado pieza separada documentación Aitor Tellería". La detección de este supuesto espionaje se produjo mientras se practicaban diligencias relativas al denominado caso De Miguel y fueron localizados en el ordenador de Tellería varios informes sobre movimientos de varios cargos políticos y económicos, redactados por los dos ertzainas.

Una información de EL PAÍS llevó a Lau y Acha a ampliar su primera denuncia

Esta denuncia de los dos veteranos policías se hacía extensiva también a los ochos periodistas que finalmente han sido imputados por la juez Ana Zuleta, así como a los directores de los tres medios -EL PAÍS, El Correo y El Mundo del País Vasco- en donde se difundieron diversas informaciones relativas a la investigación sobre esta supuesta red de espionaje.

Los dos ertzainas califican de "paradoja e ironía" que tras ser citados a declarar en su condición de imputados por "revelación de secretos conocidos en su condición de funcionarios", inmediatamente "otras personas que necesariamente han de tener la condición de funcionarios públicos han cometido con total impunidad el delito de revelación de informaciones secretas por hallarse la causa penal en situación procesal de secreto sumarial". Lau y Acha vuelven a refererirse, aunque sin citarles, al personal del Juzgado habida cuenta de que ninguno de los periodistas denunciados es funcionario público.

Pero a los dos ertzainas les ha molestado poderosamente que la Justicia no hubiera actuado mientras se sucedían las informaciones relativas al supuesto caso de espionaje. A tal punto llegó su enojo que lo reflejaron en una posterior ampliación de denuncia, el 30 de julio, ante el Juzgado Número 1 de Vitoria. Y es que la publicación en EL PAÍS (27 de julio) de "nuevos y mayores contenidos del presunto sumario secreto" les llevó a denunciar que "alguien con total acceso" a ese sumario "está cometiendo un delito flagrante y de manera continuada" al aparecer revelaciones "con todo lujo de detalles y contenidos". Por todo ello, los dos denunciantes consideran "desconcertante" que "la persecución e indagación" de los posibles autores de estas revelaciones "que impunemente llevan 19 días cometiendo un delito de igual o mayor gravedad del que se nos acusa, no haya sido aún iniciada de oficio".

Esta intencionada carga de profundidad contra el personal del Juzgado no pasó desapercibida entre los directamente aludidos. De hecho, la Fiscalía recuerda en su recurso la denuncia que se presentó contra estos funcionarios.

En esa búsqueda de la procedencia de la filtración de datos recogidos en el sumario del caso Tellería, el secretario del Juzgado de Instrucción Número 2 de Vitoria detalló el pasado 10 de septiembre todas las personas que han podido tener acceso a esta documentación, aún secreta. La lista incluye al juez y secretario judicial, al fiscal jefe de la Audiencia de Álava y a dos funcionarias. A su vez, el secretario judicial añade que muchas otras personas han tenido acceso al sumario durante la tramitación e instrucción del procedimiento y en la práctica de las diversas diligencias. Esta relación acoge desde el consejero de Interior del Gobierno vasco a ocho ertzainas, pasando por varios jefes de servicios especiales de la Policía Autónoma.

Como detalle significativo, en esta respuesta enviada a la juez Ana Zuleta, el secretario judicial afirma que las diligencias previas "en todo momento han estado en el despacho" del juez Roberto Ramos, "salvo en aquellos momentos en los que se han practicado diligencias o actuaciones procesales" en los que han estado en poder de algunos de los referidos en el grupo que encabeza Rodolfo Ares.