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Traballo retrasa la apertura de nuevos centros de día

Salen a concurso 1.000 plazas, pese a que sólo las pueden cubrir las cajas

La Xunta quiere atajar por la "vía de urgencia" la situación por la que cuatro residencias para mayores permanecen cerradas desde hace 16 meses en Vimianzo, Monforte, Viveiro y Ourense. El pasado agosto, la Consellería de Traballo declaró desierto el concurso de adjudicación para la reserva y ocupación de las 1.000 plazas, después de que una de las empresas candidatas a gestionar tres de los centros, Geriatros, presentara documentación "que no procedía" y la otra, Reacteda, que optaba a uno, "no presentara la documentación para la adjudicación definitiva". La directora general de Dependencia e Autonomía Persoal, Coro Piñeiro, defendió que repetir este procedimiento, "el adecuado", es "la forma más ágil" para habilitar las plazas. El concurso, publicado el miércoles, asciende a 36,9 millones.

Un primer concurso quedó desierto pese a participar Caixanova
Benestar asegura que sólo habrá ligeras demoras en la apertura

Los centros fueron construidos por Sogaserso, sociedad conjunta de la Xunta y las cajas gallegas que se formó durante el bipartito, en terrenos cedidos por los ayuntamientos. Pero con la llegada del PP al Gobierno, la Xunta vendió su participación a las entidades financieras y prometió a los municipios que las plazas tendrían precios de servicio público. Para ello convocó el concurso que en agosto declaró desierto y al que concurrió Geriatros, vinculada a Caixanova. Que esta empresa se haga cargo es la única opción para la Xunta dentro de un concurso para la gestión porque, de otro modo, cualquier compañía ajena a las cajas "no va a tener donde ejecutar" la adjudicación, criticó el portavoz del BNG, Carlos Aymerich. El nacionalista abundó así en el hecho de que los edificios pertenecen a las cajas y no a la Xunta, por lo que la adjudicataria debería disponer de un centro propio. "No alcanzo a comprender cómo quieren financiar públicamente unas plazas de una empresa privada", cuestionó.

Aymerich censuró que Traballo haya escogido de nuevo este sistema para poner en marcha los centros porque "hay legalmente otras posibilidades, fórmulas más rápidas para asegurar que las residencias estén en funcionamiento este año". La directora general, sin embargo, prometió que la apertura de los centros para ancianos en Viveiro y Ourense "no variará" -está prevista el 1 de noviembre-, mientras que los de Vimianzo y Monforte sufrirán "un ligero retraso" de un mes-abrirán el 1 de octubre-. Las residencias contarán también con plazas de centro de día y para enfermos de Alzheimer por lo que la Xunta ya ha cerrado el plazo de contratación de personal. Los de los otros tres centros dependerá "de la disponibilidad presupuestaria", indicó Piñeiro.

"La atención diurna no va a abrir porque no hay dinero, pero sí hay para la visita papal y la [antiabortista] Red Madre", atacó Aymerich. Piñeiro contestó que en Ourense y Viveiro ya hay centros para la atención de enfermos de Alzheimer que "no están cubiertos al 100%".

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Aymerich interpeló también en comisión parlamentaria al gerente del Consorcio Galego dos Servizos de Igualdade e Benestar, Roberto Rodríguez, sobre la integración de este organismo en la futura Axencia de Servizos Sociais y el destino de sus actuales trabajadores. Rodríguez garantizó la "continuidad y consolidación de los puestos de trabajo que hacen servicios dentro del Consorcio que se trasladen a la Agencia", aunque no entró en si se igualarán las condiciones de los empleados a los de la Xunta. "Estamos redactando el plan", se excusó. Las escuelas infantiles, que en principio deberían depender de Educación, según la intención del PP, se incluyen también en este proceso mientras sigan dependiendo del Consorcio.

En esta comisión, el PP se negó a pactar con la oposición una enmienda para aprobar una proposición no de ley que comprometería a la Xunta a no dejar en manos privadas con ánimo de lucro la lucha contra la drogodependencia. "Su enmienda busca que desaparezca la palabra público del texto", acusó la socialista Carmen Acuña.

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