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Feijóo sostiene que el Tribunal Superior avala el "consenso lingüístico" del PP

Educación contrata 213 profesores nativos como auxiliares de conversación

El Gobierno gallego aguardaba impaciente el auto del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia sobre el recurso de la Mesa pola Normalización Lingüística en el que esta organización pedía como medida cautelar, mientras no se fallase sobre el fondo, la suspensión del decreto del gallego. Y ahora que los jueces emitieron su veredicto provisional desoyendo las peticiones de la Mesa, Feijóo y los suyos celebran su contenido como un triunfo, pese a que el tribunal todavía no se ha pronunciado con una sentencia definitiva.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, señaló que la decisión del tribunal "avala que este curso escolar sea el que restaure el consenso lingüístico y lo que nunca debimos perder, el equilibrio entre las dos lenguas y la ambición de conocer una tercera". Pese a su intención de proponer un pacto por la lengua a la oposición en el Parlamento cuando este debate se serene, el presidente evidenció ayer de nuevo que no piensa mover una coma del polémico decreto para ganarse el favor de PSOE y Bloque. "Espero y deseo que el modelo de bilingüismo en el que los ciudadanos escogen y los gobiernos no imponen sirva para recuperar la cordialidad lingüística", remarcó.

Estudiará la queja de Galicia Bilingue sobre los equipos de normalización

"Los padres deben recuperar protagonismo frente a los políticos"

En ese contexto situó la encuesta del sindicato STEG, según la cual, el 90% de los alumnos de educación infantil en las ciudades se escolarizarán en castellano porque así lo decidió el 60% de los padres. Feijóo, que puso en duda los resultados de un sondeo que no conoce de primera mano, advirtió de que si esos son los resultados de la elección de los padres, "lo único que cabe es respetar la democracia, donde, como se sabe, deciden las mayorías". "Los padres deben empezar a recuperar protagonismo en la educación y los políticos deben darse cuenta de que son los padres los primeros responsables de la educación de sus hijos frente los profesores, y los políticos respetar las leyes y los intereses generales de los ciudadanos que es lo que estamos gestionando", añadió el presidente.

Preguntado por la reclamación de Galicia Bilingüe para que se fiscalice la labor de los equipos de normalización de los centros, a los que acusan de ideologizar a los alumnos, Feijóo admitió que se tramitará como cualquier otra queja.

En la misma rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, desgranó la apuesta de Educación por las lenguas extranjeras con la contratación de 213 auxiliares de conversación nativos para los centros que vendrán a sumarse a los 40 que ya trabajaron en cursos anteriores. De ellos 197 son especialistas en inglés, siete de francés, siete de alemán y otros dos de chino. "La decisión de multiplicar por cuatro los profesores nativos como auxiliares de conversación contribuirá a formar a docentes y alumnos", dijo el presidente, quien subrayó que este curso habrá ya 52 colegios o institutos plurilingües.

Visiblemente molesto con las declaraciones del líder de la oposición, Pachi Vázquez, quien el miércoles acusó a Educación de destinar el 80% de los ordenadores a los colegios concertados, Feijóo volvió a desmentir esa versión. Comprometió su palabra para insistir en que el Programa Abalar beneficiará a un 77% de centros públicos y a un 23% de concertados. Las cifras dan la razón a la Xunta, si bien dicha proporción se invierte en las ciudades. En A Coruña sólo un colegio público recibirá ordenadores para todos los alumnos, frente a 15 concertados. Preguntado por esta desproporción en las urbes, Feijóo justificó el reparto y dijo que es allí donde proliferan los centros concertados.

El jefe del Ejecutivo también descargó la responsabilidad de la Xunta actual por los más de 400 opositores que, pese a haber ganado su plaza, esperan destino desde hace meses, tras unas pruebas que se convocaron en 2008. Explicó que en abril de 2009, cuando el bipartito abandonó el poder, no había ni tribunales nombrados. Ayer el PSdeG reiteró sus denuncias con nuevos casos y lamentó que 313 aspirantes a inspectores de Turismo lleven 24 meses esperando a que se celebre el primer examen.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 17 de septiembre de 2010