Liberados de Aguirre

Con la habilidad para atraer la atención del público que la caracteriza, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha vuelto a hacerse visible en el escenario nacional. A dos semanas de la huelga general, ha aprovechado el debate anual sobre su comunidad para señalar con el dedo a los sindicalistas convocantes de la movilización por donde más pueda dolerles: llamándoles vagos o aprovechados. Lo ha hecho con otras palabras: diciendo que su Gobierno ajustará el número de liberados sindicales de la Administración autonómica a lo establecido por la ley, suprimiendo dos tercios de los 3.500 representantes sindicales con esa condición.

Se le ha respondido que lo que hay es una norma que fija el número de horas que los representantes pueden quedar liberados de su trabajo para tareas sindicales, y que esas horas pueden aumentarse en la negociación de cada convenio. Es más que probable que en la Administración autonómica madrileña haya un exceso de horas, pero son las pactadas por ambas partes. A la vista de las medidas de austeridad motivadas por la crisis, ese acuerdo puede modificarse, como se han modificado otras condiciones laborales. Pero es algo que hay que negociar. Aguirre no puede cambiarlo a su antojo.

El enfrentamiento de la presidenta con los sindicatos viene de lejos e incide en su estrategia de señalar culpables, siempre ajenos a su gestión, de lo que va mal. Por ejemplo la enseñanza y la sanidad, principales parcelas asistenciales sobre las que tiene competencias. En lugar de identificar los problemas que provocan las listas de espera, por ejemplo, señala a los sindicalistas como culpables implícitos del derroche que impide dedicar recursos a mejorar la asistencia.

De paso pone en evidencia al líder de su partido, un Rajoy siempre forzado a avalar a posteriori lo que ella lanza al escenario. Muchas de esas iniciativas han consistido en una especie de pedrada contra la política del Gobierno central, ya sea sobre la ley del tabaco o su llamada esta pasada primavera a la rebelión contra la subida del IVA.

Hasta ahora, la mayor parte de las iniciativas de Aguirre a nivel nacional han sido más mediáticas que eficaces. Dispuesta a labrarse un perfil ideológico entroncado en las corrientes radicales de la derecha, su apuesta por las corridas de toros como bien cultural o su determinación de dotar de mayor autoridad a los profesores son propuestas agitadoras que mueren cuando la onda expansiva desaparece. Este nuevo ataque al sindicalismo, en la estela de Margaret Thatcher, tiene una vocación más populista y peligrosa: desviar contra trabajadores estigmatizados como privilegiados la indignación de los afectados por el paro o la precariedad, y exculpar a quienes poco han hecho por paliar esa situación. Es una apuesta de riesgo cero para la propia Aguirre que siempre se podrá apuntar como triunfo propio tanto el éxito de la próxima huelga general como su fracaso.