El PP ignora los informes policiales y pide resoluciones de "cierta entidad"

De nuevo, la cúpula del PP se reunía un lunes con varios escándalos de corrupción encima de la mesa. Y de nuevo, el asunto no ocupó ni un minuto del análisis de la estrategia. Mariano Rajoy, señalan en su entorno, está centrado en la crisis económica, que cree que le llevará al Gobierno, y lo demás apenas le inquieta.

El PP está concentrado ahora en sacar partido a las decisiones impopulares sobre pensiones o sobre subsidios de desempleo que el Gobierno está apuntando. Tanto que Rajoy confirmó que llevará al Tribunal Constitucional la negativa del Ejecutivo a retirar la congelación de pensiones, tal y como se aprobó en una resolución en el Congreso promovida por el PP. El Gobierno insiste en que seguirá adelante y asegura que las pensiones mínimas han crecido con el PSOE hasta un 30%.

Concentrado en esto, Rajoy ha optado por trabajar como si los escándalos de corrupción en la Comunidad Valenciana no existieran. Es una estrategia que funciona, según las encuestas. Aunque le crea problemas argumentales serios a sus portavoces a la hora de responder preguntas.

Dolores de Cospedal, la secretaria general, no pudo explicar por ejemplo por qué en Baleares no podrá presentarse a las elecciones ningún imputado -sin importar la gravedad de sus presuntos delitos-, o en Madrid se expulsó del partido a todos los implicados en la corrupción de Gürtel y sin embargo en la Comunidad Valenciana siguen adelante como si nada Francisco Camps, Carlos Fabra, y Joaquín Ripoll, los tres dirigentes principales de esta comunidad, todos imputados en casos de corrupción. "Cada caso es cada caso", se limitó a decir ante la ausencia de argumentos para justificar la diferencia de trato.

Durante toda la semana se han publicado detalles escandalosos no solo de la presunta corrupción de Ripoll -la policía cree probado con conversaciones y fotografías que recibió un soborno de dos pisos valorados en más de 800.000 euros- sino de la financiación ilegal del PP en Alicante, a través de un empresario, Agustín Fenoll, que habría pagado hasta las 70.000 llamadas para promover la campaña popular en la alcaldía de Alicante en 2007.

Cospedal, que antes se había reunido con Rajoy, se dio por no enterada de todas estas informaciones y detalles que aparecen en 800 folios de un sumario judicial que ya ni siquiera es secreto. La secretaria general aseguró, en contra de lo publicado, que no hay "ni hechos, ni casos nuevos, ni nombres nuevos" y estableció una fórmula novedosa para avanzar cuándo habrá decisiones: "Debemos actuar al amparo de resoluciones judiciales que estén y que tengan ya una cierta entidad, no de otro tipo". No explicó qué quiere decir "de cierta entidad", aunque parece que Rajoy está esperando a que haya algún señalamiento de juicio o incluso condena, algo que se puede demorar meses o años.

El PP ha optado por denostar a la policía y no dar ningún crédito a sus informes, de los que habla como si fueran documentos apócrifos. "Hoy por hoy, el único partido que ha sido condenado por financiación ilegal es el PSOE", remató Cospedal.