Justicia pide más datos en una nueva inspección a Caixa Girona

El Departamento de Justicia ha decidido reclamar documentación adicional a la Fundación de Caixa Girona, lo que supone de hecho la apertura de una inspección administrativa, para investigar hasta qué punto dicha institución cumplía con los fines que se le presuponen a una fundación de obra social. Mientras no obtenga la información solicitada, Justicia no aportará su opinión al Departamento de Economía, responsable de las fundaciones vinculadas a las cajas pero consultada sobre Caixa Girona, tras haber detectado que altos cargos de la entidad incumplieron la ley, ejerciendo de proveedores para la caja, entre otras anomalías. La más llamativa, que el ex presidente de la caja Arcadi Calzada supuestamente vendió cuadros a la caja por valor de más de 140.000 euros.

Precisamente esa investigación de Economía hizo cambiar de criterio al Juzgado de Primera Instancia número 2 de Girona, que ha ordenado reabrir una causa de hace siete años, archivada en 2006, por presuntas irregularidades en Caixa de Girona. En su auto, la juez considera que hay "indicios lógicos" para pensar que algo no se ha hecho bien en la entidad.

Caixa Girona declinó ayer hablar sobre la decisión de la juez. Está previsto que el jueves la asamblea general de la entidad apruebe su disolución para la fusión con La Caixa.

Reapertura del caso

La juez ha ordenado la reapertura a raíz de las alegaciones de un ex sindicalista de Caixa Girona, Ricard Mués, que se personó en 2003 como acusación popular en la causa que denunció la fiscalía, que acabó sobreseída por falta de "motivos lógicos suficientes". El juzgado de instrucción que se encargue de retomar la investigación de las presuntas irregularidades será el responsable de decidir a quién cita a declarar.

Mués ya advirtió hace siete años de las anomalías en la venta de cuadros a Caixa Girona, según recoge su escrito de alegaciones. En una carta fechada en mayo de 2003 pedía al presidente de la comisión de control de la entidad, Salvador Carrera, que investigase sobre las incompatibilidades en los altos cargos y que le informase de la adquisición de cuadros. Con otra misiva de cuatro líneas, Carrera contestó que se cumplía "estrictamente la legislación vigente" y que la compraventa de obras de arte se hacía "por el procedimiento habitual".