Municipios rotos
Llevamos más de tres décadas discutiendo obsesivamente la estructura de la Administración central y de las comunidades autónomas, y dejando para más adelante la naturaleza de las corporaciones locales, sus responsabilidades y la financiación. La hora ha llegado, probablemente en el momento menos oportuno: en medio de una soberbia crisis económica que ha acabado de arruinarlas, o por sus propios excesos (vivir por encima de las posibilidades) o por caer estrepitosamente sus ingresos estructurales, vinculados en buena parte al sector de la construcción.
La puntilla a esta situación llegó con las medidas de austeridad del Gobierno, del pasado mes de mayo, que prohibió a los Ayuntamientos endeudarse a largo plazo a partir del año que viene. Con ello, al problema de solvencia se le sumó otro de liquidez: la imposibilidad de pagar los servicios que proporcionan, el empleo que generan, los proveedores que les sirven y el servicio de la deuda adquirida. En el mejor de los casos, los alcaldes se plantean cumplir con unos u otros, pero no con todos. Además, por la proximidad con los ciudadanos, los ayuntamientos han asumido competencias que no les correspondían, sin tener las asignaciones necesarias para asumirlas.
El debate sobre las competencias y financiación de los municipios lleva mucho tiempo olvidado
El Gobierno llevará a los Presupuestos del Estado una flexibilización de las medidas de mayo: los Ayuntamientos podrán endeudarse con condiciones (cuando su deuda no sobrepase determinado porcentaje de los ingresos, que los créditos sean finalistas y sirvan para pagar la inversión en curso y no el gasto corriente...). Pero ello, en el mejor de los casos, solucionará las dificultades puntuales de liquidez y no el problema estructural de la solvencia. Para ello ha de hacerse una reflexión sobre el modelo de las corporaciones locales a través de las leyes de bases de Régimen Local, que regula sus competencias, y la de Haciendas Locales, que aborda su financiación.
Hay otro análisis adicional que no suele ser popular entre algunos ediles y muchos ciudadanos: en España hay más de 8.000 ayuntamientos, muchos de ellos mínimos. Más allá de los abusos de corrupción que han surgido -y que son más abundantes que en los otros niveles de la Administración- muchas de estas unidades administrativas locales no son eficientes por su tamaño y heterogeneidad. En otros lugares de nuestro entorno, sobre todo en el norte de Europa, se ha llevado a cabo un proceso de reagrupamiento y consolidación sistemática de municipios por razones de austeridad y de eficacia administrativa. Este debate no se ha producido en España. Todo lo contrario: se conocen ejemplos de pedanías que pretenden desgajarse de su Ayuntamiento en una tendencia centrífuga, y cuando se crean unidades administrativas mayores como las mancomunidades u otras asociaciones voluntarias, se mantienen las preexistentes. Más a más.
