Aguirre: "El Estado no va a garantizar el poder adquisitivo de los jubilados"

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Aguirre, pintó ayer muy negro el horizonte para todos aquellos que conformen el colectivo de los jubilados dentro de pocos años. En un discurso marcado por los problemas derivados de la demografía en Euskadi, Aguirre calificó al envejecimiento de la población como el principal enemigo del futuro del Estado del Bienestar, y auguró que, en veinte años, "el sistema público de pensiones no va a poder garantizar la capacidad adquisitiva de las personas jubiladas".

El consejero hizo esas declaraciones durante el discurso de clausura de los cursos de verano de la UPV, que se han celebrado en el Palacio de Miramar, en San Sebastián. El curso, organizado por la Federación de Cajas de Ahorros Vasco Navarras, se denominaba El Estado del Bienestar en la encrucijada: Nuevos retos ante la crisis global, y contó con la participación del presidente de la BBK y de la Federación de cajas, Mario Fernández, y con el comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia.

Aguirre apuesta por reforzar el Estado del Bienestar y las pensiones

En 2050 habrá 1,3 trabajadores por cada persona mayor de 65 años

Para Carlos Aguirre hay datos tremendamente esclarecedores de que la evolución entre trabajadores activos y jubilados va a desequilibrar todo el sistema hasta hacerlo insostenible si no se corrige con carácter urgente. Ese escenario de envejecimiento de la población ha llevado a la Comisión Europea a advertir de que a ese ritmo, el sistema del bienestar social se colapsará en dos décadas.

Pero es que en Euskadi, resulta ligeramente peor. En la actualidad, por cada jubilado de más de 65 años hay 3,5 personas trabajando, pero en 2020 serán 2,8 activos para cada pasivo, y al actual ritmo, en 2050 habrá 1,3 trabajadores por cada pensionista. Es decir, ese año los mayores de 65 años serán el 38% de la población.

Una evolución terrible aunque lógica, teniendo en cuenta que la población ha crecido en Euskadi sólo un 1% en 27 años, entre 1981 y 2008, cuando la del conjunto de España lo ha hecho en un 22%, aunque es cierto que ayudada por los inmigrantes.

Pero es que, además, en Euskadi y España, la edad media de jubilación está en los 62 años, y la tasa de ocupación del grupo de personas entre los 55 y los 64 años es en Euskadi del 46%, y del 44% en España. "En Suecia, por ejemplo es del 77%", explicó el consejero.

Tras mostrarse favorable a elevar los años de trabajo y tomar medidas para invertir las pirámides poblacionales, Aguirre apostó por complementar los ingresos del sistema público de pensiones: "Tiene que existir una mayor simbiosis entre el sistema público de previsión social y el privado", dijo. Aunque el consejero reconoció que en ese aspecto Euskadi está mejor que el resto de España, -el patrimonio de las Entidades de Previsión Social representa el 22% del PIB, mientras que en España sólo llega al 8%- "aun estamos muy lejos de la media de la UE-15, o con los países más desarrollados, donde la media llega al 155%, es decir, todavía queda un enorme potencial".

Aguirre anunció en ese momento que "por ahí va" el proyecto de ley de EPSVs que va a aprobar el Gobierno en este último trimestre, y remitirá después al Parlamento para su debate y aprobación.

El consejero ligó las dificultades que va a soportar el sistema de pensiones, con las tensiones que ya atraviesan los demás pilares del Estado del Bienestar, como la Educación, y la Sanidad, para concluir que también hay que reformular su financiación.

En su discurso dejó claras las diferencias que hay con el resto de la UE, y de manera especial con algunos países miembros. Entre 2000 y 2009, tanto en Euskadi como en el conjunto de España, se ha mantenido una presión fiscal de entre cinco y seis puntos porcentuales del PIB por debajo de los países de la UE-15, "pero ha sido de quince puntos más baja que la de Dinamarca".

En su opinión, ha llegado el momento de escoger, o bien apostar por el Estado del Bienestar o por seguir con una política de bajadas continuadas de impuestos: "Pero no se puede ir en ambas direcciones a la vez".

Y, finalmente, trazó tres soluciones posibles para sortear el coste de las pensiones, la educación, la sanidad y la dependencia: "aumentar la presión fiscal, incrementar la provisión privada de estos servicios a través de fórmulas de cooperación público-privadas, o aumentar la parte que pagan los ciudadanos cuando consumen un servicio público". Eso sí, también admitió hacer mezclas entre esas fórmulas, pero avisó de "hay que hacerlo, y lo antes posible".