Equilibrios locales

Permitir un cierto nivel de endeudamiento a los Ayuntamientos que exhiben unas finanzas saneadas es una medida equilibrada. La primera propuesta, en mayo pasado, de la vicepresidenta económica Elena Salgado de prohibir la adquisición de nuevas deudas en 2011 estaba en consonancia con la difícil situación de las cuentas públicas, pero era poco defendible al no tener en cuenta el nivel de endeudamiento de cada corporación local y poner en riesgo las inversiones de gasto plurianual o cofinanciadas con otras entidades.

Ahora, según ha anunciado Salgado, van a quedar indultadas de tan drástica medida las entidades locales cuyo volumen total de deuda viva no supere el 75% de sus ingresos corrientes. La vicepresidenta ha argumentado que no se puede castigar a los que han sido responsables en tiempos de austeridad, lo que es una razón de peso. Menos sólido es el planteamiento de que la modificación se debe a la mejora económica general porque en los últimos tres meses no se han registrado indicadores tan positivos que justifiquen una rectificación de tal calibre.

Los sucesivos cambios acometidos por el Gobierno en este asunto alientan las aceradas críticas del PP sobre el nivel de improvisación y chapuza con que trabaja el Ejecutivo. Rectificar la fecha de entrada en vigor del decreto al día siguiente de publicarlo y volver a cambiarlo ahora no acreditan lo contrario. De hecho, nada garantiza que la actual propuesta sea la definitiva, dado que todavía se va a negociar con la Federación Española de Municipios y Provincias. Pero ello no debería impedir valorar en sus justos términos la medida.

El endeudamiento municipal tiene un mínimo impacto en el déficit público, pero no se entendería que los Ayuntamientos no sufrieran restricciones mientras los recortes afectan a la ciudadanía y a otras Administraciones públicas. Los problemas financieros de las entidades locales son endémicos y se han agravado por la crisis. Pero también algunas han sufrido la megalomanía o la ineptitud de unos regidores que han gestionado el dinero público con tal imprudencia que han hipotecado el futuro de sus Consistorios de forma mucho más drástica que cualquier decreto del Gobierno central. Que sean los alcaldes de algunas de las capitales más colapsadas por el endeudamiento los que critiquen la medida por electoralista es una broma pesada.