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Cerco a la corrupción en la Diputación de Alicante

Tres ediles del PP asesoraron a Fenoll para urdir una tapadera de empresas

La planta zonal es uno de los dos pilares del caso Brugal. El segundo es la contrata del municipio de Orihuela, adjudicada en octubre de 2008, a una UTE formada por la empresa Sufi y las firmas Liasur y Gobancants. La contrata está valorada en 190 millones de euros.

Esta contrata fue el origen del caso, en marzo de 2007, a raíz de una grabación en la que el empresario Fenoll denunciaba un supuesto soborno de uno de los grupos aspirantes al concurso. La Fiscalía Anticorrupción de Alicante respondió a la iniciativa del empresario con su detención y la del resto de su cúpula empresarial (cinco personas más). Fenoll, su hijo y su gerente, Javier Bru, edil del PP en Albatera, estuvieron en prisión un mes. Los tres salieron en libertad tras pagar fianzas de entre 60.000 y 100.000 euros.

Más adelante, la investigación halló pruebas sobre la financiación ilegal del PP de Orihuela por parte del industrial Fenoll (traslado gratis de militantes del PP a actos internos, pago de comidas y pago de objetos de propaganda electoral, como 3.000 mecheros) para asegurarse la victoria de los conservadores, como así ocurrió en mayo de 2007.

Con posterioridad, la investigación ha probado que las dos últimas sociedades de la UTE eran en realidad una tapadera de Fenoll. Para los vecinos de la localidad, el concesionario del servicio de la basura es Fenoll.

El industrial invirtió seis meses en urdir la trama mercantil. Según fuentes del caso, tres ediles del PP (Manuel Abadía, Ginés Sánchez y José Antonio Rodríguez) asesoraron a Fenoll en la labor de falsificación en el registro mercantil, extremo del que era conocedora la alcaldesa, Mónica Lorente. Estos ediles también se encargaban de recoger los "sobres" que periódicamente entregaba el empresario al PP. La regidora y los tres ediles están imputados en el caso. Los tres últimos, después de ser arrestados por la policía el pasado 6 de julio. Lorente, y otros 38 imputados más por la adjudicación de este contrato, no han sido detenidos ni tampoco han comparecido ante el juez.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 10 de septiembre de 2010