Cataluña ante las urnas

El domingo 28 de noviembre es la fecha elegida por el presidente de la Generalitat para la celebración de las elecciones catalanas. Se trata, como dijo ayer el propio José Montilla, de unos comicios cruciales porque lo que está en juego marcará no una legislatura sino quizá una generación. Soberanistas e independentistas barajan la idea de una consulta, en la que unos quieren poner sobre la mesa el concierto económico para Cataluña, y los otros, ERC en concreto, directamente la independencia.

La sentencia del Constitucional sobre el Estatuto refuerza el voto nacionalista y ha impulsado la opinión independentista, según los sondeos. En cambio, se hace inaudible el mensaje federal del PSC, que podría ser cauce para la mayoría que considera compatible su identidad catalana y española. La idea de un puente entre Cataluña y España, que ha sido gestionando preferentemente por el PSC, tiene los pilares muy desgastados. El 28-N se juega la posibilidad de recomponerlos o, alternativamente, la apertura de un nuevo ciclo con guión nacionalista.

Montilla llegó a la presidencia con la idea de sustituir el eje identitario por el eje derecha-izquierda. Ese planteamiento ya fue bandera del primer Maragall, pero los debates sobre el proyecto de Estatuto, más el radicalismo de ERC, marcaron al tripartito que presidía. La crisis económica pudo en teoría favorecer esa reorientación, pero ocurrió lo mismo que en el resto de España: que el crecimiento del desempleo desgastó ante todo al partido identificado con el poder. Al mismo tiempo, las discrepancias internas del Gobierno, y los intentos de disimularlas, acapararon más atención que los logros de gestión, en temas como la ley de barrios, la modernización de los ferrocarriles de cercanías; o iniciativas garantistas como la instalación de cámaras de vídeo en las comisarías.

El último y lamentable episodio de estas tensiones ha sido la exigencia de nivel C de catalán para los profesores universitarios, a propuesta de Esquerra. La iniciativa finalmente ha sido aparcada pero ha provocado inquietud en numerosos sectores y un notable revuelo nada beneficioso para la izquierda no nacionalista. Capítulo aparte lo constituyen los asuntos de corrupción, que afectan a los dos grandes partidos por igual, al PSC con el caso Pretoria, y a CiU, con el caso Palau. En teoría deben influir escasamente en las urnas, pero contribuyen a la desafección política y a la abstención.

Es posible que los 11 puntos de distancia en intención directa de voto entre CiU y el PSC, registrados por los sondeos, vayan reduciéndose a medida que se acerca la fecha electoral. Nada indica, sin embargo, que las tendencias de fondo vayan a cambiar. Pero el futuro no está escrito. De ahí que quepa esperar de la campaña que sirva para encauzar las emociones y traducirlas en propuestas de gestión útiles para el ciudadano. En caso contrario, Cataluña puede encontrarse con que una muy débil participación incremente todavía más la distancia entre gobernantes y gobernados.