El Gobierno recurre las trabas de La Línea al tráfico con Gibraltar

El Gobierno central da un nuevo paso ante el desafío lanzado por el Ayuntamiento de La Línea de la Concepción (Cádiz), cuyo alcalde, Alejandro Sánchez, del PP, está empeñado en instaurar un peaje a los vehículos de personas no residentes en la ciudad que pretendan entrar en Gibraltar. La Abogacía del Estado presentó ayer un recurso contra la decisión municipal de colocar de señales de tráfico que obligan a todos los vehículos que se dirigen a la colonia británica, incluidos los que transportan mercancías peligrosas, a entrar por un único carril. Las señales, instaladas el pasado lunes, prohíben el giro desde la Avenida de España hacia la verja y han causado enormes retenciones en la entrada al Peñón.

En el recurso contencioso-administrativo, conocido ayer, la Abogacía del Estado solicita la suspensión inmediata de esta medida limitadora del tráfico, a la que consideran "nula de pleno derecho". Los servicios jurídicos de la Administración creen que el hecho de llevar por un mismo carril el tráfico ordinario y el peligroso atenta contra el derecho constitucional a la vida y a la integridad física. Además, el entorpecimiento del acceso vulnera, según la Abogacía, "el derecho a la libre residencia, libre circulación por territorio español y libre entrada y salida de España".

También se insiste en que los cambios en la señalización son el primer paso de la entrada en vigor de la llamada Tasa de Congestión. Este peaje municipal de cinco euros a los no residentes que crucen a Gibraltar es calificado por la Abogacía como "una especie de aduana interior" que recuerda a "una institución de origen medieval ya superada por nuestro sistema jurídico". Para implantar este peaje, el Ayuntamiento quiere desviar el tráfico del tramo de la Avenida de España que depende del Ministerio de Fomento a la Avenida del Ejército, situada en suelo de titularidad municipal, para colocar allí la zona de cobro. La Tasa de Congestión busca, según el regidor linense, compensar al municipio por el paso de diez millones de vehículos al año. De implantarse, el peaje también serviría para aliviar la deuda municipal de La Línea, de unos 110 millones de euros.

El secretario general del PP en Andalucía, Antonio Sanz, manifestó que, "el recurso de la Abogacía es un paso más en el despropósito del ataque del Gobierno de España y del PSOE a La Línea y a los linenses". "La actitud del Gobierno, en relación con Gibraltar, es vergonzosa desde el punto de vista de la dignidad como pueblo de La Línea", agregó.

Mientras tanto, el regidor linense se limitó a insistir en que todo lo que se está haciendo por parte de su gobierno se ajusta a la más estricta legalidad. "Eso es lo que les ha puesto más nerviosos, que nunca nos hemos salido de la ley", dijo.

Por otro lado, Alejandro Sánchez calificó de "indecente" la reunión que el próximo día 13 mantendrán en el Peñón los responsables de los sindicatos CC OO y UGT, y del gibraltareño, Unite, con el ministro principal de Gibraltar, Peter Caruana, para tratar de que este presione contra la tasa. "Nunca antes el sindicato de Gibraltar ha pedido a los sindicatos españoles que presionen a Caruana para derogar la normativa decimonónica que tienen nuestros trabajadores en Gibraltar", dijo.