Un chip para Camps

El fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, se ha descolgado este verano con unas declaraciones en las que aconsejaba medidas de reeducación que no impliquen la privación de libertad para los menores que maltraten a sus padres. La propuesta venía a coincidir en el tiempo con la polémica sobre la escasa aplicación de las pulseras a los maltratadores de mujeres. Hace un par de años, el Estado compró miles de estas pulseras, pero en los últimos meses apenas ha utilizado unos centenares. Al Estado le sobran cantidad de los dichosos brazaletes, lo cual, en estos tiempos de crisis, no parece lo más conveniente. Así que convendría pensar en cómo reutilizar las pulseras para tratar de sacar el máximo rendimiento a estos recursos públicos.

Conde Pumpido, que tiene nombre de jurisconsulto romano, ha abierto, desde la fiscalía anticorrupción, una amplia pesquisa sobre la podredumbre que atenaza las administraciones públicas en general y en particular la local y autonómica. ¿Ha pasado por la cabeza del insigne prócer el reciclaje de estos artilugios para el control de los sujetos sospechosos de tales prácticas, para los maltratadores de la democracia? No lo sabemos, pero sin duda serían muchas las voces que, en nombre de las libertades y la presunción de inocencia, se alzarían si decidiera implementar medidas de esta guisa.

También hemos sabido estos días de los efectos de las etiquetas de identificación por radiofrecuencia, conocidas como RFDI. Unos dispositivos adheridos a la ropa, las entradas de fútbol, los libros o los zapatos que compramos y que dejan un rastro detallado sobre el comportamiento del usuario. Es más, la Agencia Española de Protección de Datos y el Instituto Nacional de Tecnología de la Comunicación han advertido sobre los riesgos que representan las llamadas etiquetas inteligentes, para la privacidad. Estos chips, que no solo se usan para la prevención de robos en comercios, sino también para el control de existencias de un producto en los almacenes, ofrecen un sinfín de datos sobre los consumidores, que unidos a otros dispositivos electrónicos como las tarjetas de crédito, pueden radiografiar el alma y la cartera del usuario.

No serán las pulseras y pulseritas lo que falte en el atuendo de los dirigentes de Partido Popular. Por lo que así las cosas, cabe preguntarse ¿qué hubiera pasado si un omnisciente Mariano Rajoy hubiera tenido acceso a las etiquetas inteligentes de los trajes de Francisco Camps y de paso a sus más ocultos pensamientos como si fuera el dios del catecismo del padre Ripalda? Es sólo un suponer, pero teniendo en cuenta las dificultades del PP para aplicar su propio código ético y la decidida voluntad de modernización de este partido "a lo mojó" (que decía el injustamente olvidado Eduardo Zaplana) no es ninguna tontería que se aplicaran un plan renove de tecnología moral. Sobre todo con lo que a esta singular tropa le cuesta conjugar la primera persona del singular del verbo dimitir.