Griñán abre el curso con ajustes y una agitación social desconocida

"Hacía mucho tiempo que no nos enfrentábamos a una conflictividad social como la de ahora. Va a ser duro, porque es algo desconocido y no estamos acostumbrados". Esta frase de un miembro del Gobierno andaluz refleja la preocupación con la que el presidente de la Junta encara un curso político cuyo inicio es nada menos que la huelga general (29 de septiembre), una convocatoria en la que los sindicatos están poniendo todas sus energías. Tras década y media de relación casi idílica entre los agentes sociales y la Administración andaluza -merced a los acuerdos de concertación-, José Antonio Griñán se verá, además, en la tesitura de tener que pergeñar en este clima tan acerado el futuro presupuesto, marcado por el descenso del gasto y la subida de impuestos.

El presidente comparece el martes para avanzar sus proyectos

El martes próximo, el propio Griñán explicará personalmente sus prioridades y proyectos más inmediatos, tras presidir la primera reunión del Consejo de Gobierno, ya en la remozada sede del Palacio de San Telmo, sobre el que también arrecia la polémica por su uso presidencial. El PP ha elegido este tesoro del barroco sevillano como símbolo del supuesto despilfarro de la Junta y no va a soltar la presa, ya que Javier Arenas cree que el contraste de este monumento con el rosario de sacrificios que exige la coyuntura económica es una manera muy visual de conectar con la indignación popular.

Los sindicatos no han dado tregua. Pese a la estabilidad del VII Acuerdo de Concertación Social, al que apela la Junta con frecuencia para dar testimonio de su voluntad de diálogo, los dirigentes de UGT y CC OO hablan sin rodeos de ruptura de la paz social y ya tienen cerrado un programa de movilizaciones para ir encendiendo la mecha. Habrá manifestaciones sectoriales -una en Sevilla el día 21 en defensa de la industria- y provinciales, el día 23, con Málaga como plaza central.

Para la mayoría del Gobierno autonómico el escenario es completamente ignoto, un terreno inexplorado en el que hay que caminar con pies de plomo. Desde la segunda mitad de los años noventa, la tónica andaluza era la sintonía con los agentes sociales, sobre todo con los trabajadores. "El ambiente sindical es muy tenso y por eso uno de los principales objetivos es recomponer las relaciones con las centrales sindicales", señalaron fuentes del Ejecutivo.

De momento, el consejero de Empleo, Manuel Recio, ha conseguido frenar el conato de rebelión que se produjo después de que Griñán anunciase la reforma del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), uno de los acuerdos a lo que llegó en su reunión del lunes con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el Palacio de la Moncloa.

Según estas mismas fuentes, Recio ha telefoneado a los dirigentes sindicales para garantizarles que no se hará nada sin pactarlo previamente, y que la idea de fondo -iniciativa de José Antonio Griñán- es establecer un marco de cooperación con el Ministerio de Trabajo para coordinar las políticas activas de empleo (formación, talleres, etcétera), en manos de la Junta, con las pasivas (pensiones y subsidios), competencia del Estado. La desconfianza, sin embargo, es mucha, y desde San Telmo se reconoce que las circunstancias no son las mejores para llegar a un entendimiento fácil.

La otra gran dificultad es el veloz retroceso del gasto público y la subida de impuestos, que hay que pasar al papel en los presupuestos de 2011, sin duda las cuentas públicas más difíciles de los últimos años. Aunque en el debate del Estado de la Comunidad, celebrado en junio, el presidente andaluz adelantó los grandes ejes, que se conocieron con más detalle al desvelarse el Plan Económico Financiero de Reequilibrio -aprobado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), también en junio-, ahora toca trasladar a las consejerías los tijeretazos.

El haber de este curso político, en principio, es poco abultado. A corto plazo, figura la adaptación de la Ley de Cajas a los cambios que ha efectuado el Gobierno central, la aprobación final de la Ley de Aguas o el desarrollo de las normas locales. Antes, la consejera de Obras Públicas, Rosa Aguilar, tiene el reto de suavizar la supresión de una tacada de las ayudas a la compra y promoción de la VPO por parte de la ministra de Vivienda, Beatriz Coredor, con quien tiene una cita el día 6.

Si el cierre del curso anterior, el 3 de agosto, dejó un sabor amargo por el retraso de 39 obras de la Junta (850 millones), al menos el comienzo ha sido más esperanzador, después de que Fomento haya indultado a 12 inversiones suprimidas.

Las expectativas están puestas, según las citadas fuentes, en que la crisis global amaine, porque "están en marcha muchas iniciativas para aprovechar la recuperación". El clima preelectoral por las municipales de mayo podrán la guinda a un periodo tan espinoso.