Los sindicatos acusan a Trabajo de querer maquillar las cifras de paro

El PSOE propone dar un plazo de 30 días a los parados para aceptar cursos

Los sindicatos han encontrado nuevos argumentos para llamar a la huelga general: las nuevas restricciones impuestas el viernes por el Consejo de Ministros a la ayuda de 426 euros para parados y la intención anunciada por el Ministerio de Trabajo de perseguir a los desempleados que rechacen ofertas de empleo o cursos. "Se intuye que ahí se puede encontrar alguna forma de maquillar las estadísticas del paro", atacó ayer el secretario general de CC OO, Ignacio Fernández Toxo, en declaraciones a la SER. Poco después tomó el relevo el secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, al sugerir que lo que busca el Gobierno es ahorrar dinero en la protección al desempleo.

El pasado viernes el Consejo de Ministros aprobó la prórroga de la ayuda de 426 euros para los desempleados que han agotado la prestación o el subsidio. Esta vez excluyó a los parados de entre 30 y 45 años sin cargas familiares (deja fuera a unas 70.000 personas y se gastan 100 millones menos). Al mismo tiempo, el responsable del departamento, Celestino Corbacho, anunciaba su intención de aprovechar el trámite parlamentario en el Senado de la reforma laboral para fijar un periodo de gracia de 30 días para que los parados puedan rechazar cursos de formación "y ofertas de empleo" sin ser sancionados.

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Esta declaración de Corbacho, reiterada el lunes, llegaba al calor de una enmienda del PSOE que pretendía eliminar el actual periodo de 100 días del que gozan los parados desde que comienzan a cobrar la prestación para rechazar "acciones de mejora de la ocupabilidad", es decir, formación, orientación laboral o itinerarios de inserción. Pero añadía confusión: el ministro hablaba de un periodo de gracia también para las ofertas de empleo, algo que no existe en la actualidad. El parado tiene que aceptar las ofertas adecuadas de trabajo desde el primer día que cobra prestación y si no lo hace se expone a una sanción que conlleva la suspensión de la paga por tres meses en la primera ocasión; seis en la segunda, y la retirada definitiva del derecho a la tercera. Al final, según la enmienda transaccional que el PSOE ofreció ayer a los grupos parlamentarios en el Senado, el periodo de gracia para rechazar cursos queda en 30 días y no hay modificaciones sobre las ofertas de empleo.

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"La gente no está en paro por gusto, puede haber algún abuso. Que se persiga", explicaba Toxo a la cadena SER, "pero no se criminalice al parado para justificar nuevas medidas de recorte".

Los sindicatos, tanto UGT como CC OO, aprovecharon sus declaraciones de ayer para reclamar inversiones en políticas activas y en mejorar el funcionamiento de los servicios públicos de empleo y recordaron que mientras en Europa hay un funcionario en las oficinas de empleo por cada 50 parados, en España hay uno para 189. "De esta reforma no ha salido ni una sola medida de inversión en políticas activas, y en cambio del Senado sale una medida de sanción", ahondó Ferrer.

Para ambas centrales, el trámite parlamentario de la reforma laboral, que se vota hoy en el Senado, ha empeorado el decreto aprobado por el Gobierno y que les llevó a convocar la huelga general para el próximo 29 de septiembre. "Esta es la reforma laboral más profunda. Se ha sufrido la mayor involución de los derechos de los trabajadores", apostilló Ramón Górriz, secretario de Acción Sindical de CC OO. Górriz criticó también que la tramitación haya sido por vía urgente (tanto en el Congreso como en el Senado solo se ha debatido y votado en la Comisión de Trabajo) y en verano.

Los miembros de la Comisión de Trabajo del Senado, de izquierda a derecha, Araceli Peris (PP), Dorinda García (PP), Matilde Fernández (PSOE) y Joseba Zubía (PNV), ayer en la reunión sobre reforma laboral.
Los miembros de la Comisión de Trabajo del Senado, de izquierda a derecha, Araceli Peris (PP), Dorinda García (PP), Matilde Fernández (PSOE) y Joseba Zubía (PNV), ayer en la reunión sobre reforma laboral.LUIS SEVILLANO

Sin cambios en el despido objetivo

A cada paso que ha dado la reforma laboral, el despido objetivo y las causas que lo motivan han acaparado el protagonismo. En el debate y votación que se celebra hoy en el Senado sobre la reforma, el PSOE pretende evitarlo. No quiere que se modifique la redacción que ya salió del Congreso y que contemplaba como causas de despido objetivo (el más barato contempla 20 días por año trabajado) las pérdidas "actuales o previstas, o la disminución persistente del nivel de ingresos".

Para lograr su propósito, fuentes del grupo parlamentario socialista explican que esperan contar con el apoyo del PNV, grupo con el que se pactó esta redacción en el Congreso de los Diputados. Confían en que los nacionalistas vascos no escuchen los cantos de sirena de CiU. El grupo catalán ha presentado varias enmiendas para modificar las causas del despido objetivo. En una pide un cambio muy sutil para que las empresas puedan demostrar ante la justicia los motivos objetivos del despido. Donde el texto actual habla de "la razonabilidad de la decisión", pide CiU que diga "suficientes indicios razonables", matiz que facilita estos despidos. En la otra, que los sindicatos y los empresarios puedan pactar nuevos motivos en los convenios colectivos.

Otro punto que CiU ha convertido en caballo de batalla radica en la modificación de las condiciones laborales (aquello que atañe a cambios sobre horarios, turnos, traslados) y las cláusulas de descuelgue salarial. CiU quiere que, en caso de que no haya acuerdo, al final prime la decisión empresarial.

En las enmiendas transaccionales que el PSOE presentó ayer a los demás grupos parlamentarios no se recoge ninguna de las exigencias del grupo catalán. "Sería bascular la reforma del lado patronal", explicaban parlamentarios socialistas.

La modificación más relevante que saldrá adelante hoy es la reducción de 100 a 30 días del periodo de gracia concedido a los parados para que acepten cursos de formación cuando comienzan a cobrar la prestación. PSOE, CiU y PNV apoyarán, previsiblemente, esta enmienda.

Otro punto importante que se aprobará con seguridad será la propuesta socialista de que las empleadas de hogar (y el resto de trabajadores que pueden cobrar parte de su salario en especie) cobren al menos en metálico el salario mínimo interprofesional (633,3 euros mensuales).

Con este escenario, lo previsible es que la reforma laboral pase hoy su trámite en el Senado (ya que la Comisión tiene competencia legislativa plena) con los votos del PSOE y Entesa Catalana de Progrés (PSC), la abstención de CiU y PNV y el voto en contra del PP. El acto final llegaría el próximo 9 de septiembre en el Congreso.

Sobre la firma

Manuel V. Gómez

Es corresponsal en Bruselas. Ha desarrollado casi toda su carrera en la sección de Economía de EL PAÍS, donde se ha encargado entre 2008 y 2021 de seguir el mercado laboral español, el sistema de pensiones y el diálogo social. Licenciado en Historia por la Universitat de València, en 2006 cursó el master de periodismo UAM/EL PAÍS.

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