Los sindicatos acusan a Trabajo de querer maquillar las cifras de paro

Los sindicatos han encontrado nuevos argumentos para llamar a la huelga general: las nuevas restricciones impuestas el viernes por el Consejo de Ministros a la ayuda de 426 euros para parados y la intención anunciada por el Ministerio de Trabajo de perseguir a los desempleados que rechacen ofertas de empleo o cursos. "Se intuye que ahí se puede encontrar alguna forma de maquillar las estadísticas del paro", atacó ayer el secretario general de CC OO, Ignacio Fernández Toxo, en declaraciones a la SER. Poco después tomó el relevo el secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, al sugerir que lo que busca el Gobierno es ahorrar dinero en la protección al desempleo.

El pasado viernes el Consejo de Ministros aprobó la prórroga de la ayuda de 426 euros para los desempleados que han agotado la prestación o el subsidio. Esta vez excluyó a los parados de entre 30 y 45 años sin cargas familiares (deja fuera a unas 70.000 personas y se gastan 100 millones menos). Al mismo tiempo, el responsable del departamento, Celestino Corbacho, anunciaba su intención de aprovechar el trámite parlamentario en el Senado de la reforma laboral para fijar un periodo de gracia de 30 días para que los parados puedan rechazar cursos de formación "y ofertas de empleo" sin ser sancionados.

"La gente no está en paro por gusto. Si hay abuso, que se persiga", dice Toxo

Las centrales reclaman mejoras en los servicios públicos de empleo

Esta declaración de Corbacho, reiterada el lunes, llegaba al calor de una enmienda del PSOE que pretendía eliminar el actual periodo de 100 días del que gozan los parados desde que comienzan a cobrar la prestación para rechazar "acciones de mejora de la ocupabilidad", es decir, formación, orientación laboral o itinerarios de inserción. Pero añadía confusión: el ministro hablaba de un periodo de gracia también para las ofertas de empleo, algo que no existe en la actualidad. El parado tiene que aceptar las ofertas adecuadas de trabajo desde el primer día que cobra prestación y si no lo hace se expone a una sanción que conlleva la suspensión de la paga por tres meses en la primera ocasión; seis en la segunda, y la retirada definitiva del derecho a la tercera. Al final, según la enmienda transaccional que el PSOE ofreció ayer a los grupos parlamentarios en el Senado, el periodo de gracia para rechazar cursos queda en 30 días y no hay modificaciones sobre las ofertas de empleo.

"La gente no está en paro por gusto, puede haber algún abuso. Que se persiga", explicaba Toxo a la cadena SER, "pero no se criminalice al parado para justificar nuevas medidas de recorte".

Los sindicatos, tanto UGT como CC OO, aprovecharon sus declaraciones de ayer para reclamar inversiones en políticas activas y en mejorar el funcionamiento de los servicios públicos de empleo y recordaron que mientras en Europa hay un funcionario en las oficinas de empleo por cada 50 parados, en España hay uno para 189. "De esta reforma no ha salido ni una sola medida de inversión en políticas activas, y en cambio del Senado sale una medida de sanción", ahondó Ferrer.

Para ambas centrales, el trámite parlamentario de la reforma laboral, que se vota hoy en el Senado, ha empeorado el decreto aprobado por el Gobierno y que les llevó a convocar la huelga general para el próximo 29 de septiembre. "Esta es la reforma laboral más profunda. Se ha sufrido la mayor involución de los derechos de los trabajadores", apostilló Ramón Górriz, secretario de Acción Sindical de CC OO. Górriz criticó también que la tramitación haya sido por vía urgente (tanto en el Congreso como en el Senado solo se ha debatido y votado en la Comisión de Trabajo) y en verano.