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El PP amaga con llevar al TC las multas por no rotular en catalán

Ciutadans insta al Defensor del Pueblo a recurrir el Código de Consumo, que ayer entró en vigor - Sánchez-Camacho: "Atenta contra la libertad"

La carrera parece que no ha hecho más que empezar. La defensora del pueblo en funciones, Luisa Cava, presentó hace 10 días un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la Ley de Acogida de Inmigrantes por dar preferencia al catalán a la hora de integrar a los extranjeros. Y ahora Ciutadans ha instado a la misma institución a hacer lo propio contra el Código de Consumo al rechazar las multas lingüísticas por no rotular en catalán. Alicia Sánchez-Camacho, presidenta del PP, no quiso ser menos y anunció medidas inmediatas contra la norma que entró ayer en vigor. "Es antidemocrática y afecta a la libertad. Este es el Gobierno de las multas y las prohibiciones", aseveró la popular, que dijo que estudiará las medidas parlamentarias a su alcance. ¿Incluye también el recurso ante el Tribunal Constitucional?, se le preguntó. "Estudiaremos todas las posibilidades".

La nueva norma aspira a proteger los derechos de los consumidores

El Código de Consumo se aprobó el 30 de junio en el Parlament, dos días después de que se hiciera pública la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto. El código es una ambiciosa norma que busca proteger los derechos de los consumidores, que van desde la gratuidad del teléfono de atención al cliente a su derecho a ser atendido en catalán. La sentencia del Estatuto fue ambigua en lo que concierne al uso del catalán y ha dejado la puerta abierta a la presentación de recursos. Esa es al menos la opinión del diputado José Domingo, del Grupo Mixto, presidente de Impulso Ciudadano, que fue el primero en pedir la mediación de la defensora. El día 2 tiene previsto viajar a Madrid con comerciantes multados por no rotular en catalán. A su postura se sumó Albert Rivera, de Ciutadans, y Sánchez-Camacho, que acusó al presidente Montilla de un nuevo "acto de insumisión" al no acatar el fallo del Estatut. Este frenesí de recursos no parece ajeno a la cercanía de los comicios y la disputa de un mismo electorado."No quiero extenderme en el tema [de las multas lingüísticas] porque me parece detestable que de todo el Código, que es muy amplio, solo se esté hablando de ese punto", lamenta Jordi Anguera, director de la Agencia Catalana de Consumo, encargada de aplicar la nueva normativa. "Sabía que pasaría. Me parece una queja partidista y oportunista, porque se acercan las elecciones". Dice que la polémica no tiene sentido, ya que "la obligación de rotular en catalán existe desde 1998", cuando entró en vigor la Ley de Política Lingüística. El nuevo Código solo añade a la norma otros elementos, como las facturas.

Frente a la postura del PP, Ciutadans y José Domingo, el resto de partidos también mostró su estupor por el debate suscitado. Joan Puigcercós, presidente de ERC, emplazó a CiU -y en menor medida al PSC- a que se comprometa a no aceptar los votos del PP para gobernar. "La pregunta que nos debemos hacer es hasta cuándo el PP seguirá abusando de nuestra paciencia", dijo en una visita a las fiestas de Sants, recordando el recurso contra la Ley de Acogida presentada por la defensora del pueblo en funciones, ex diputada del PP.

Muy molesto, Puigcercós acusó a los populares de ser los culpables de la soledad que a veces dicen sentir en Cataluña. "No nos gusta estigmatizar. Me gustaría que el PP formase parte de la normalidad política de Cataluña, pero", planteó el republicano, "parece que quieren la desaparición del catalán y no podemos admitirlo". Josep Maria Pelegrí, de Unió, acusó al PP de "estimular al Estado jacobino a ir contra Cataluña".

Cuestionar la democracia

Judit Carreras, la diputada socialista ponente de la ley, atribuyó las críticas al código a la cercanía de las elecciones. Y fue categórica: "Es triste que haya partidos que quieran crear problemas en un tema tan sensible como el de la lengua". Carreras afirmó que la ley no tiene ánimo persecutorio y de ser conflictiva: "Las sanciones por temas lingüísticos representaron el 6% del total en 2009. Son casi insignificantes. Es ver problemas donde no los hay".

Pese a las críticas, Camacho y Rivera coincidieron en criticar a Montilla por haber tachado de "partidista" el recurso que la defensora del pueblo interpuso contra la Ley de Acogida de inmigrantes. "Actúa con una falta de respeto a las instituciones democráticas", dijo Camacho que recordó que el antiguo defensor, Enrique Múgica, que recurrió el Estatut, fue ministro socialista. Y Rivera acusó al Gobierno catalán de "incumplir las sentencias del TC". "Si no se respetan instituciones como el TC o el Defensor del Pueblo se pone en cuestión la propia democracia", dijo.

El artículo de la discordia

- Aunque el Código de Consumo tiene más de 340 artículos, solo uno de ellos, el 128, ha despertado controversia.

- El artículo 128 recoge que los consumidores "tienen derecho a ser atendidos oralmente y por escrito en la lengua oficial que escojan".

- Especifica que tienen derecho a recibir en catalán "invitaciones a comprar, información de carácter fijo, documentación contractual, presupuestos, facturas...".

- Ser "atendido oralmente" en catalán, aclaran fuentes de la Generalitat, significa que el dependiente debe entender al cliente que hable catalán, pero no tiene obligación de contestarle en ese idioma.

- La Ley de Política Lingüística de 1998 ya establece que "las empresas dedicadas a la venta de productos o servicios tienen que estar en condiciones de poder atender a los consumidores cuando se expresen en cualquier lengua oficial de Cataluña"La grave, hasta 30.000, y la muy grave hasta de un millón

Novedades del Código

- El teléfono de atención al cliente deberá ser gratuito en las empresas de servicios básicos, como electricidad, telefonía y agua. El resto de las compañías, de disponer del mismo por voluntad propia, no podrán aplicarle tarificación adicional.

- Las empresas deberán tener un seguro que garantice los pagos por adelantado, de manera que en caso de quiebra o problemas para prestar el servicio puedan devolver el dinero.

- El arbitraje se impone como vía para solucionar conflictos entre consumidor y empresa. Es un servicio gratuito. La decisión del árbitro es vinculante, como en un juicio.

- La Generalitat tendrá en cuenta como mérito para conseguir un concurso público la adhesión al arbitraje por parte de las empresas.

- La multa por infracción leve contra el Código es de hasta 10.000 euros. La grave, hasta 30.000, y la muy grave hasta de un millón.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 24 de agosto de 2010

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