Sarkozy tras Berlusconi

Un líder tan pendiente de los gestos como Nicolas Sarkozy no inicia la expulsión de rumanos de origen gitano decidida a finales de julio sin calcular las consecuencias. Y lo que, sin duda, ha valorado en ese cálculo son los beneficios de la medida para su maltrecha popularidad antes que cualquier otra consideración, incluido el objetivo declarado de luchar contra la delincuencia. Dejándose arrastrar por un populismo creciente en Europa, algunos de cuyos argumentos e iniciativas viene adoptando con la excusa de combatirlo, Sarkozy pretende exhibirse como ejecutor implacable de la ley, no para que esta sea respetada, sino para concentrar las miradas sobre él y su supuesta determinación política.

Sarkozy no está, simplemente, expulsando a varios cientos de gitanos que viven en improvisados campamentos, sino que está deportando a ciudadanos europeos de nacionalidad rumana cuya etnia debería resultar irrelevante, de acuerdo con los principios que defienden la Unión y la propia República Francesa. Al colocar la etnia en el origen mismo de la medida, Sarkozy y su Gobierno están vulnerando la mejor tradición de la que puede enorgullecerse Francia, que además contribuyó a extenderla por Europa y el resto del mundo.

Pero, además, están derogando la presunción de inocencia para un grupo de personas que no por residir ilegalmente en Francia son culpables de ningún delito. Aparte de estigmatizar a los gitanos convirtiéndolos en chivos expiatorios de la inseguridad ciudadana, Sarkozy está cometiendo un grave atropello contra la dignidad y el honor de ciudadanos concretos -incluidos niños nacidos y escolarizados en Francia-, expulsados como delincuentes sin que ningún tribunal haya establecido que lo sean. ¿O es que la dignidad y el honor se adquieren con los papeles y depende de que se viva o no en un campamento?

La medida de Sarkozy guarda una estrecha semejanza con la adoptada en Italia por Silvio Berlusconi y puede anticipar las de otros Gobiernos de la Unión. La exclusión social de los gitanos es generalizada en Europa, hasta el punto de que su condición de ciudadanos parece estar pasando progresivamente a segundo plano. El Gobierno francés ha asumido una grave responsabilidad en este proceso, no menor que la del italiano en su día; una responsabilidad que consiste en poner el Estado de derecho, no al servicio de la igualdad y la justicia, sino de las necesidades políticas de los líderes en cada momento.