Cinco comunidades examinarán la devolución de ayudas al alquiler

La carta que el Ministerio de Vivienda ha enviado a 8.000 jóvenes para reclamar las cantidades que han recibido por la renta básica de emancipación (RBE) ha sentado como un tiro a las comunidades. En unas predomina el malestar y en otras, la resignación. Al fin y al cabo, son los Ejecutivos autonómos los que deben dar la cara y tramitar el retorno de las ayudas al alquiler. Cinco de ellos -Cataluña, Baleares, Galicia, Comunidad Valenciana y Castilla y León- advirtieron ayer de que estudiarán "caso por caso" los expedientes que lleguen a sus oficinas para que la medida afecte al menor número posible de jóvenes.

El 40% de los menores de 35 años todavía reside en casa de sus padres, mientras que la misma proporción de jóvenes está en paro. Dos tasas que prácticamente duplican la media de la Unión Europea y a las que ayer se agarraron sindicatos y organizaciones sociales para rechazar la medida del Ministerio de Vivienda, que, además de exigir el reembolso de las ayudas, aplicará unos intereses del 5% a quienes no informaran a tiempo de que sus ingresos anuales rebasaban los 22.000 euros, el límite para obtener la RBE.

La Comunidad Valenciana y Galicia piden una reunión con el Ministerio

La carta aumenta el malestar de las autonomías por los recortes del Gobierno

La medida provocó malestar a las comunidades, en especial las que más ayudas tramitan. Sobre todo porque, según dijeron, la mayoría de los casos corresponden a jóvenes que en 2008 superaron el umbral de los 22.000 euros por haber cobrado horas extra, una gratificación o, en algunos casos, indemnizaciones por despido.

La causa de este desbarajuste es el sistema para solicitar las ayudas. En lugar de pedir la declaración del año anterior, como sucede con otras subvenciones, Vivienda reclama un presupuesto de ingresos del año. Según las comunidades, los solicitantes normalmente lo calculan con el sueldo bruto anual, puesto que las horas extra o las bonificaciones suelen ser imprevisibles. "El ministerio debería haberlo previsto", aseguró el portavoz de Vivienda del PP en el Congreso, Pablo Motos. Aun así, Vivienda aseguró que estos controles se irán repitiendo cada año.

La mayoría de las comunidades consultadas tratarán de perdonar el pago de esas cantidades a quienes se hayan pasado del límite por poco. Esa es, precisamente, la actitud que reclamó a la Administración el Consejo de la Juventud, que recordó las dificultades de los jóvenes para emanciparse. Cataluña ordenó a sus oficinas que paralizaran cualquier devolución, lo cual aplaudieron UGT y CC OO. Pero también los servicios de Vivienda de Baleares, Castilla y León, la Comunidad Valenciana y Galicia irán caso por caso. "Si se pasan por poco dinero, se desestimará el retorno", afirmó una portavoz del Gobierno balear.

El vicepresidente tercero valenciano, Juan Cotino, anunció que reclamará una "reunión extraordinaria" con el Ministerio para abordar la medida, mientras que Galicia lo tratará en una reunión con Vivienda prevista para septiembre. Una portavoz de la Xunta recordó que la oficina de vivienda solo es "tramitadora", por lo que tiene "competencia" para recaudar. Más cautas fueron Aragón, Andalucía y el País Vasco, que explicaron que la RBE se abona con dinero del Ministerio y que las comunidades exclusivamente tramitan los expedientes de cada solicitante.

El malestar también se produce porque muchas consejerías dicen haberse enterado por la llegada de jóvenes con la carta en la mano, aunque el Ministerio asegura que sí las informó. La polémica misiva profundiza, además, en los recelos de los Gobiernos autonómos con Vivienda por los recortes que les anunció en julio en una reunión de la que salieron encendidos.