Culleredo no se rinde
Ayuntamiento y vecinos, indignados con el Gobierno por la acelaración de los trámites para ampliar el aeropuerto
La incomprensión, amplificada por una ausencia total de diálogo, prima ante uno de los proyectos de máxima prioridad para el Ministerio de Fomento en Galicia: ampliar la pista del aeropuerto coruñés de Alvedro. El segundo más pequeño de España está encajonado en una zona poblada de fuerte crecimiento demográfico a ocho kilómetros de la capital provincial, en el municipio de Culleredo (27.000 habitantes). No hay aún informe de impacto ambiental. Ni respuesta a las 14.000 alegaciones contra el estudio de hace un año en el que Aena, la empresa pública que gestiona los aeropuertos, reconocía que esa obra tendrá "consecuencias ambientales y sociales de elevada magnitud". Tampoco está redactado el proyecto definitivo.
Pero Fomento ha decidido pisar el acelerador en esta obra declarada de "interés general" y ajena a los fuertes recortes económicos que paralizan otras grandes infraestructuras: publicó en pleno agosto una lista de expropiados mientras anuncia para otoño la licitación de las obras. Para el ministro, según reiteró la semana pasada de visita en Lugo, la ampliación del aeropuerto coruñés, que costará unos 120 millones de euros, es imparable y justificada. Situado a menos de 60 kilómetros del principal aeródromo gallego, el de Santiago, pretende incrementar un 35% el número de pasajeros cuando estrene, en 2014, sus nuevas instalaciones.
"Es una aberración", "gana la sinrazón", "una chapuza", replican los vecinos. La plataforma de afectados, unas 200 familias, dice que ya no sabe cómo calificar la actitud del departamento de José Blanco, quien ha hecho caso omiso de sus reiteradas peticiones de entrevistas y reuniones. El Ayuntamiento de Culleredo, que tiene al frente Ayuntamiento y vecinos están enfrascados en redactar a todo correr alegaciones -el plazo acaba el día 30- a ese listado de expropiados que cogió a todos por sorpresa cuando se publicó en el Boletín Oficial del Estado, el pasado 5 de agosto. "Está lleno de errores, aparecen fincas de propietarios desconocidos, cuando no lo son, parcelas que no estaba previsto expropiar. Es un trabajo impresionante movilizar a la gente en pleno agosto, preparar las alegaciones y consultar planos", se queja la presidente de la plataforma de afectados, Nélida Gómez. El alcalde admite que legalmente Aena puede publicar la lista de expropiados sin tener el informe de impacto ambiental. "Pero no parece lógico ni prudente, ya que en función de ese dictamen pueden modificarse las expropiaciones publicadas, disminuyéndose o ampliándose", dice el ayuntamiento, que también detecta innumerables errores en ese listado. "En varios casos se expropia parcialmente y quedan viviendas debajo de taludes de más de 40 metros de altura, lo que las convierte en invivibles". Prolongar en 400 metros la actual pista consiste precisamente en construir un talud de más de 35 metros de alto. El proyecto, con "un impacto severo en un medio natural de elevada calidad ambiental y cultural", reconoce Aena en su estudio de 2009, suprimirá 46 casas, una fábrica, un colegio e innumerables cultivos. Se necesita expropiar 200.000 metros cuadrados repartidos en 250 parcelas. Afectará también a patrimonio protegido, como dos pazos, un castro y una iglesia. "Es la sentencia de muerte", agrega el ayuntamiento, de núcleos de población tradicionales como O Curro y A Hermida. Sólo el Ayuntamiento de A Coruña echa cohetes por la decisión de Fomento, que también suscita reparos en los vecinos municipios de Cambre y Oleiros, afectados por la huella sonora del aeropuerto. Están "asustados", conscientes de ser "hormiguitas" al lado del "coloso" del Ministerio de Fomento, pero dispuestos "a ir a por todas" . "Que hagan esa obra, debe prevalecer el interés general, es cierto. Pero daremos la batalla para que, cuando menos, nos respeten", advierte la presidente de la plataforma de afectados, Nélida Gómez. Son 200 familias (unas 600 personas) que están acostumbradas a convivir con un aeropuerto que desde su inauguración, en 1963, fue creciendo a la par que la población del lugar. Muchos afectados por este nuevo proyecto son descendientes de expropiados por anteriores ampliaciones. Para los vecinos, resulta "aterrador" el empeño de Fomento en llevar adelante esta obra de fuerte impacto sin el más mínimo diálogo o intento de aminorar los efectos en la población que ya vive a pie de la actual pista. Nada se sabe de aquella reunión que el ministro José Blanco les prometió en enero pasado. "Se supone que estamos en una democracia, y sin embargo el ministerio se salta a la torera las leyes, no respeta a nadie ni a nada en todo este procedimiento", reprocha Gómez. Los que perderán sus casas no saben ni adónde ni cuándo deberán marcharse. "Se hace todo por la fuerza, sin que nadie nos explique el porqué de tanta urgencia, nada lo justifica"."Vamos a por todas"
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