El PNV pide dar marcha atrás en las causas del despido

Nadie quiere que la reforma laboral pase a la historia como la reforma del despido. Pero lo cierto es que a cada paso que da es en este punto, concretamente en el que trata de las causas del despido objetivo (el que tiene una indemnización de 20 días por año, la más barata), en el que tropieza. Ayer se cerraba en el Senado el plazo de enmiendas. Entre las 245 presentadas, destaca una del Partido Nacionalista Vasco (PNV) que reclama volver a la redacción anterior a la reforma. ¿Por qué? "Se trata de una redacción aún más difusa y favorecedora del uso de este tipo de causa de despido", dice la justificación a la enmienda que presenta el grupo vasco, que, continúa, "[...] implica que prácticamente en cualquier situación, la empresa se podrá acoger a este tipo de causa".

Los grupos insisten con enmiendas ya rechazadas en el Congreso

En el decreto que se aprobó el pasado 16 de junio, bastaba con que las empresas adujeran que la rescisión era "mínimamente" razonable para salir de una "situación económica negativa". El Congreso, en su accidentado trámite, modificó este punto y lo dejó en "la existencia de pérdidas actuales o previstas" y en una disminución persistente de ingresos. Ahora el PNV propone volver al punto de partida.

Aquí se encontrará el PSOE uno de los primeros escollos para sacar adelante la reforma laboral en el Senado. El grupo vasco es, junto a CiU, uno de los apoyos que va a intentar granjearse. "Seguimos el hilo conductor del Congreso", explicaba ayer Matilde Fernández, la portavoz en la Comisión de Trabajo del PSOE en la Cámara alta.

El objetivo de Fernández es que los nacionalistas pasen de la abstención del Congreso a la aprobación en el Senado. Este cambio facilitaría mucho el trámite parlamentario al PSOE, pues su posición en la Cámara alta es más precaria que en la baja. En todo caso, fuentes socialistas apuntaban ayer que de producirse alguna modificación que no contara con su apoyo, los diputados siempre podrán corregirla el próximo 9 de septiembre, fecha prevista para la aprobación definitiva en el Congreso.

Pero para lograr que los nacionalistas vascos cambien de opinión, el PSOE tendrá que negociar con ellos para que renuncien a enmiendas que tumban aspectos básicos de la reforma laboral. Además de la marcha atrás que propone en el despido, el PNV también pretende que la intermediación laboral siga solo en manos públicas y que no se permita la actividad en este campo de las agencias privadas de colocación, como hace la reforma. Tampoco quiere el grupo vasco que el Fondo de Garantía Salarial subvencione ocho días en los despidos de los contratos indefinidos firmados a partir de la aprobación del Congreso.

A pesar de estas enmiendas, a primera vista la posición del grupo vasco parece más cercana al PSOE que la de CiU. El grupo nacionalista catalán, al que le costó abstenerse en el Congreso, defiende en sus 46 enmiendas prácticamente las mismas posiciones que ya fueron derrotadas en el Parlamento y que daban un giro más propatronal a la reforma: eliminación administrativa de las regulaciones de empleo, más poder para el empresario a la hora de modificar las condiciones laborales (salario, horarios, lugar de trabajo...), transferencia a las comunidades autónomas de la gestión de las prestaciones y subsidios por desempleo o una nueva redacción de las causas del despido. En este punto, el cambio que propone CiU es mínimo y tan de matiz que fuentes socialistas calificaban ayer el texto propuesto de "redacción vaticana".

También el PP ha presentado un conjunto de enmiendas similares a las presentadas en el Congreso y que, como entonces, no proponen un cambio muy sustancial sobre el decreto del pasado 16 de junio. Sus propuestas basculan el texto legislativo hacia el lado empresarial, pero no hay giros copernicanos. Así el PP vuelve a proponer que los contratos temporales de obra o servicio puedan durar cuatro años y no tres como reza el decreto. Además, los populares, cuya negociación en el Senado estará encabezada por la líder del PP en Cataluña, Alicia Sánchez Camacho, en sus 81 enmiendas presentan varias iniciativas sobre la formación de los trabajadores (un cheque para la instrucción o el derecho subjetivo a ella entre los jóvenes y los mayores de 45 años) y absentismo.

Insiste el principal partido de la oposición en vetar el derecho de huelga durante la vigencia de un convenio si se pretende modificar el contenido del pacto, algo que ya recoge la norma sobre los paros vigente y que, argumentan desde estancias académicas, es inconstitucional. La regulación de derecho fundamental a la huelga tiene que realizarse a través de una ley orgánica y por decreto tramitado como proyecto de ley.

Más difícil que atraer a los grupos nacionalistas lo tendrá el PSOE con la izquierda. Los senadores de este grupo, integrados en la Entesa Catalana de Progrés, han presentado dos vetos a la reforma laboral y 83 enmiendas parciales.