La batalla de la objeción

Los médicos de atención primaria, ecógrafos o pediatras no pueden objetar a la interrupción voluntaria del embarazo. Tampoco puede hacerlo el administrativo que sella el documento de derivación a la mujer, el celador que traslada su cama o el trabajador social que debe informarla de cómo solicitar la prestación. La nueva ley del aborto, que entró en vigor el pasado 5 de julio, es muy clara en ese punto: solo los profesionales sanitarios "directamente implicados" en la intervención pueden declarase objetores a ella. Deberán hacerlo, además, con antelación y por escrito. Sin embargo, aprobada y en vigor la nueva ley de plazos, la objeción se ha convertido en uno de los estandartes de la lucha antiabortista.

Las organizaciones autodenominadas provida han comenzado una campaña para animar a la objeción. Sostienen, además, que cualquier persona puede negarse a todo lo relacionado con la interrupción del embarazo. "La ley crea inseguridad jurídica en torno a quién está directamente implicado en un aborto. Sin embargo, fomenta que desde el médico de familia que entrega el sobre a la mujer para que inicie el trámite hasta la administrativa que la atiende se vean envueltos en ello. No afecta solo al ginecólogo que realiza la extracción del feto", sostiene Esteban Rodríguez, miembro de Ginecólogos por el Derecho a Vivir. Esta organización junto a Derecho a Vivir y la Fundación Jurídica Tomás Moro ha publicado una guía que orienta sobre cómo objetar, y en la que aseguran que cualquiera puede hacerlo.

Sanidad, sin embargo, reitera la claridad de la ley. "Sólo pueden objetar los profesionales sanitarios directamente implicados. Es decir, quienes la llevan a cabo", explica el secretario general de Sanidad, José Martínez Olmos. "Así era con la anterior ley, y así sigue siendo", añade.

Pero a la cruzada en que se está convirtiendo la objeción se suma la decisión de algunos colegios de médicos -tanto regionales como provinciales- de crear su propio registro de profesionales objetores. Así, han comenzado a brotar listas de colegiados que se niegan a practicar abortos en Valladolid, Madrid o Granada. En ellas, sin embargo, puede apuntarse cualquier médico. No es necesario que sea ginecólogo.

Estos registros, sin embargo, no tienen ninguna validez, según Sanidad. "Carecen de valor jurídico. Es más, se tiene que tener cuidado en como se hacen porque no pueden convertirse en ningún caso en una fórmula obstruccionista", avisa Martínez Olmos, que asegura, además, que estos registros son totalmente innecesarios. "La mayoría de las comunidades tienen la prestación concertada con las clínicas privadas", dice.

Sin embargo, no todos creen que los registros sean inútiles. Tampoco que la ley sea suficiente. El propio presidente de la Organización Médica Colegial, Juan José Rodríguez Sendín, siempre ha defendido la creación de un registro estatal y unificado de médicos objetores y cree que una regulación es necesaria.

También ERC, IU e ICV consideran que con la nueva ley no es suficiente. Hace un par de semanas esa coalición parlamentaria presentó una proposición no de ley en el Congreso en la que solicitaban que se desarrollase una normativa que reglamentase la objeción de conciencia médica. Un desarrollo reglamentario que ya preveía la ley de salud sexual y reproductiva pero que Sanidad aún no tiene previsto acometer.