Inercias en el paro

Todo hace suponer que el próximo debate sobre la reforma laboral se centrará en si resulta pertinente endurecer las condiciones de la prestación por desempleo, de forma que su percepción deba condicionarse a la aceptación de las ofertas de trabajo de los Servicios de Empleo y a la participación en los cursos de formación. Como suele suceder en ocasiones, la ley ya prevé que la prestación esté vinculada a cumplir tales requisitos, pero si las estadísticas muestran que el año pasado tan solo 1.500 parados perdieron su derecho por rechazar las ofertas de empleo recibidas, parece lógico deducir que las normas no se aplican con excesivo rigor.

Es necesario precisar que el endurecimiento de las condiciones de la prestación no es la línea principal de la reforma laboral. Como se ha repetido hasta la saciedad, la reforma que este mes de agosto se examinará en el Senado se concentra en rebajar el coste de los contratos fijos, con el objetivo de reducir la dualidad del mercado de trabajo, y en precisar las causas de despido objetivo, demasiado imprecisas en la normativa actual. Conviene recordar que el texto de la reforma, tal como salió del Congreso, carece de la fuerza renovadora suficiente para facilitar la recuperación del empleo.

Pero, a pesar de ello, vincular las prestaciones a la aceptación de ofertas de trabajo y a cursos de formación y reciclaje tiene efectos muy favorables sobre el mercado de trabajo. En primer lugar, porque aumenta la cualificación de los desempleados y les permite vislumbrar oportunidades de empleo fuera del campo donde se ha desarrollado la vida laboral del trabajador. Y después, porque permitirá romper con una de las causas más importantes de la elevada tasa de paro estructural en España, que es la falta de movilidad geográfica. Por causas como son el arraigo en una ciudad, la adhesión a profesiones u oficios aunque estén en franca decadencia o la vivienda en propiedad, los trabajadores desempleados se resisten a aceptar puestos de trabajo en otras localidades o sectores.

Se trata de romper con esta inercia y cuadrar con la máxima eficiencia las ofertas de empleo disponibles con las demandas. Es obligado, pues, que la legislación laboral incluya un control más estricto de las prestaciones, pero también las modificaciones legales para que un trabajador pueda cambiar de empleo o localidad sin perder sus derechos.