Google reabre el debate de la neutralidad en Internet

Google y uno de los mayores proveedores de Internet de Norteamérica, Verizon, revelaron ayer que están negociando un acuerdo sobre neutralidad en la Red, un anuncio que ha servido para reabrir el debate sobre el acceso a contenidos online en Estados Unidos. "Ambos consideramos esencial que Internet siga siendo una plataforma abierta y sin restricciones, donde la gente pueda acceder a cualquier contenido (siempre que sea legal), así como a los servicios y a las aplicaciones que desee", dijo en el blog oficial de Google el consejero delegado de la empresa, Eric Schmidt.

Ese anuncio llega en un momento en que el Gobierno de EE UU trata de definir qué es la neutralidad en la Red y qué normas propone para regularla. La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC en sus siglas inglesas), dependiente de la Casa Blanca, ha convocado a Verizon, Google, AT&T y Skype a una serie de debates a puerta cerrada sobre ese asunto.

Durante meses, el Gobierno y empresas de contenidos online, como Google, Amazon o Skype, han presionado al Congreso de EE UU para que apruebe una legislación sobre neutralidad en la Red, entendida como la protección igualitaria a todo aquel que quiera publicar contenidos en Internet. Según ese principio, las proveedoras de Internet tendrían prohibido ralentizar un tipo de tráfico (como el de las redes de intercambio de archivos P2P) respecto a otro.

Libre mercado

Google, de hecho, ha sido una de las empresas que más han insistido para mantener vivo ese debate. Las grandes operadoras telefónicas, proveedoras de Internet, defienden que el Gobierno debería mantenerse al margen del libre mercado de Internet y les debería dejar actuar a su antojo, que es lo que hacen ahora. El pasado abril recibieron, de hecho, el respaldo de la Justicia estadounidense.

Entonces, un tribunal de apelaciones de Washington estableció que el Gobierno no tiene el derecho de obligar a las empresas de telefonía a que traten a sus clientes con neutralidad. Es decir, un proveedor puede discriminar a un usuario que utilice programas que ocupen una cantidad excesiva de ancho de banda, como las redes de intercambio y descarga de archivos. Los proveedores de conexión mandan, según esa opinión judicial, sobre sus redes.